Es sorprendente el nivel de análisis que tiene el Ecuador a los ajustes tributarios que se incluyen en la Ley de Oportunidades que llegó, el viernes pasado, a la Asamblea. La normativa tiene tres ejes: simplificación tributaria, reforma laboral y atracción de inversiones. En defecto, la primera enciende el debate en colectivo; no se entiende muy bien el por qué pero llama la atención.
¿Cuál es la lectura al respecto?
La Ley propone un sistema de tributación aún más sencillo y bajo que el RISE, y sobre todo, más generalizable, esto es una excelente noticia para los pequeños empresarios. Además de la reducción de impuestos, como el IVA a productos higiénicos femeninos, videojuegos, plataformas, etcétera. Ojalá hubiera más productos, pero al menos es algo.
No obstante, la ley cifra su capacidad de que la economía crezca y, por tanto, de crear más empleo en tres aspectos: concesiones más ágiles para el sector de hidrocarburos; el sector minero y eléctrico, permitiendo la inversión privada. Se refuerzan los incentivos fiscales a las nuevas inversiones, que esperemos resulten más atractivas, como las Zonas Francas que se propone crear. Otro aspecto muy importante de la ley es la simplificación normativa, tanto a nivel tributario como productivo, se valora poco lo que se puede aliviar a la economía ecuatoriana con normas más ágiles y sencillas.
De ideas liberales y en contra de los impuestos en general es considerable mencionar aspectos cuestionables como: un aumento de impuestos a empresas, gravando el capital, lo que es un error conceptual; y un impuesto a personas que cobran más de $2 000 al mes o que tienen un alto patrimonio, con lo que otra vez se vuelve a la perniciosa retórica de que “paguen los ricos”, en lugar de centrarnos en cómo conseguir que todos tengamos más impuestos, que tienen un mal efecto en la teoría, en el discurso público y en la seguridad jurídica.
El impuesto sobre el patrimonio de las personas y empleados tiene problemas graves. En el caso de aquellas personas que poseen más de $500 mil no es un patrimonio personal sino productivo. Entonces, parece que se vuelve a lo mismo, un país donde los ricos son los culpables y los que deben costear todo. Esto es negativo, porque es como si la crisis fuera algo culposo y los que tienen más son los responsables de lo que ha ocurrido.
Esto no puede ser el discurso, el objetivo es que todos tengan y cobren más y por errar se vuelve a caer en eso. Insisto, el tipo medio que se incrementa para la mayor parte de los excedentes es en torno al 3%, lo que equivale a las personas que pagan impuestos y que cobran más de $2 083 al mes; van a pagar mucho y es un fastidio; sin embargo, no creo que todo esto cambie la manera de entender la vida.
¿Por qué no afectará la economía?
Es probable que con la aplicación de la Ley no se tenga efectos peligrosos en la economía del país, ya que no impacta tanto a las empresas que tengan utilidades solo a aquellas que han tenido más ventas en 2020 y que han generado más de $500 mil, es decir no es un impuesto brutal sobre su patrimonio. Lo que es cierto es que se va a cobrar un impuesto sobre el patrimonio a estas compañías que tienen el capital productivo, que permite generar empleo y es el que se pone a trabajar.
Es evidente que no hay mayoría en la Asamblea para cambiar el Código Tributario entero, pero es que tampoco hay una mayoría social que apoye estos cambios. Es un intento por enrumbar la economía ecuatoriana porque la situación del empleo y la pobreza es dramática. Esperemos que en los próximos días se abra un debate serio y centrado en lo propuesto, el país necesita plantearse cómo generar riqueza y empleo; y si no es con esta ley, parece que no hay alternativa alguna más que continuar varados sin rumbo ni destino.
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