El Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, anunció esta noche en cadena nacional, la Proforma Presupuestaria 2018 que enviará a la Asamblea Nacional en la que descarta medias de ajuste (paquetazos económicos). La Pro forma, según el mandatario, cumple con las disposiciones constitucionales en cuanto a asignaciones a salud, educación, educación superior, gobiernos locales y asegura que el gasto permanente se cubra solo con ingreso permanente.
Moreno explicó que aunque la situación no es fácil, se necesita mejorar las condiciones de financiamiento, generar mayores ingresos, aumentar exportaciones, el ingreso de dólares a la economía nacional y fomentar la inversión privada.
La Proforma asciende a $36.818 millones que representan un crecimiento del 2% respecto del presupuesto codificado del año anterior. Esto corresponde a lo indispensable para el funcionamiento de los servicios públicos.
El petróleo ecuatoriano se lo está presupuestando en $41,69 por barril y se estiman exportaciones de 136,6 millones de barriles. Además la importación de derivados se calcula, aproximadamente, en 45,2 millones de barriles.
La proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto es positiva en 0,7 por ciento. Los ingresos más relevantes son los impuestos que se espera recaudar $14.760 millones; por tasas y contribuciones $1.609 millones; por transferencias desde las empresas públicas y el Banco Central, $3.322 millones; por transferencias y donaciones de capital e inversiones, $3.241 millones y por financiamiento público, $11.670 millones.
Las prioridades del gasto serán en Educación, $5.198 millones; Salud, $2.779 millones; Vivienda con $1.157 millones; Bienestar Social, $1.048 millones y Seguridad, Riesgos y Defensa con $3.453 millones. El déficit fiscal se proyecta en $4.700 millones, reduciéndose en mil millones respecto del año anterior.
“Esto lo lograremos con la optimización de la inversión pública y por un conjunto de medidas de austeridad fiscal”, aclaró. La meta es que hasta el 2021, el déficit del sector público no financiero haya disminuido del 7,6 por ciento del PIB alcanzado en 2016 a menos del 2 por ciento.
El Mandatario anunció que ha dispuesto de manera inmediata la ejecución de las siguientes acciones:
Uno, dinamizar el sector de la construcción, esto incluye la revisión de la Ley de Plusvalía y el fomento de un proyecto de facilitación.
Dos, incentivar la inversión y el ingreso de divisas con un proyecto de ley que permita la repatriación de capitales del exterior.
Tres, el impulso de medios de pago como el dinero electrónico, en coordinación con el Sistema Financiero Nacional.
Cuatro, implementar medidas de austeridad en el gasto público y optimización de los recursos del Estado.
Quinto, la priorización de inversión pública hacia lo estrictamente necesario, para el cumplimiento de las metas de desarrollo.
En este sentido, calificó a la situación económica del Ecuador como “extremadamente difícil” desde 2015 debido a la necesidad de recurrir al financiamiento externo e interno al no contar con suficiente liquidez.
Para planificar la política económica a aplicarse, se han determinado dos momentos: el primero, la presentación de este diagnóstico de la economía nacional y la Proforma Presupuestaria 2017.
El segundo momento será en septiembre, cuando se presentará la Proforma Presupuestaria al 2018 y el programa económico para los próximos cuatro años.
Hay importantes necesidades de financiamiento. Alrededor de $8 mil millones anuales para cubrir el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de deuda interna y externa. El Gobierno debe garantizar $2 mil millones anuales adicionales para cumplir las metas nacionales hasta el año 2021.
En mayo de este año, la deuda pública histórica del país -que incluye a los Gobiernos Locales- alcanzó un monto agregado de $41.893 millones de dólares. Existen otros pasivos estatales como operaciones de corto plazo, pasivos de rentas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos que entre otras suman un monto aproximado de $8 mil millones adicionales.
El Mandatario informó que se registraron contingentes que podrían transformarse en obligaciones de pago que suman $4.367 millones, también incluye la solicitud de Contraloría General sobre las obligaciones con el IESS por $2.528 millones. Es decir que el total de las obligaciones heredadas suman más de $50.000 millones.
A todo esto se debe añadir las obligaciones por pagar en incentivos a la jubilación que alcanzan los mil millones.
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