Los que dieron el aval a Maduro para burlar la Asamblea, con cuentas congeladas en EEUU

viernes, mayo 19, 2017

Fuentes de la administración Trump dejaron la puerta abierta a seguir imponiendo sanciones a más funcionarios venezolanos. "Venezuela es un desastre", manifestó una de ellas. "Se ha convertido en una autocracia".

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Estados Unidos impuso  sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, afín al chavismo, y a otros siete miembros de la sala constitucional, responsables de haber usurpado con sus sentencias la autoridad de la Asamblea Nacional (AN), señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro agregó a la lista de sancionados de Venezuela alos magistrados Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luis Fernando Damiani Bustillos, Arcadio Delgado Rosales, Gladys Gutiérrez Alvarado, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta de Merchán.

La medida ordena la congelación de bienes en Estados Unidos de los ocho jueces, que “son responsables de un número de decisiones judiciales en el último año que han usurpado la autoridad” de la Asamblea, anunció el Departamento del Tesoro en una nota.

“El pueblo venezolano está sufriendo el colapso de la economía provocado por la mala gestión y corrupción de su Gobierno. Miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación interfiriendo continuamente en la autoridad del Legislativo”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

La actual ola de protestas en Venezuela, que dura ya semanas y deja por el momento más de 40 muertos, comenzó precisamente con manifestaciones contra dos decisiones de la Corte Suprema que usurpaban poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro desde diciembre de 2015.

“No hemos visto un problema así en décadas en cuanto al nivel violencia”, dijo este jueves Trump durante la rueda de prensa que ofreció con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.

Mnuchin aseguró que con la imposición de sanciones focalizadas en estos ocho miembros de la corte, Estados Unidos pretende apoyar al pueblo venezolano en su esfuerzo “de proteger y avanzar en el gobierno democrático de su país”.

No es la primera vez que Estados Unidos impone medidas semejantes a funcionarios venezolanos desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. El 14 de febrero, el Departamento del Tesoro metió al vicepresidente de Maduro, Tareck El Aissami, en la lista negra de narcotraficantes, asegurando que facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela hacia Estados Unidos y cobró a los señores de la droga.

Fuentes de la administración Trump dejaron la puerta abierta a seguir imponiendo sanciones a más funcionarios venezolanos. “Venezuela es un desastre”, manifestó una de ellas. “Se ha convertido en una autocracia”.

La acción de este jueves constituye un paso unilateral de Estados Unidos de la que la administración Trump destaca que no va dirigida contra el pueblo venezolano.

Washington se está moviendo también multilateralmente, principalmente en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde está en el grupo de países que ha impulsado la reunión de cancilleres que se celebrará el día 31 para abordar la situación en Venezuela y que llevó a Maduro a decidir sacar a su país del foro panamericano.

“Estamos trabajando también con socios en Europa, incluida la Unión Europea, España y el Vaticano, entre otros, para urgir al Gobierno venezolano a cumplir con los compromisos democráticos que él mismo hizo libremente: celebrar elecciones pronto, respetar la Constitución y la Asamblea Nacional, liberar inmediatamente y sin condiciones a todos los prisioneros políticos y atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano”, dijo recientemente una fuente del Departamento de Estado.

Un grupo de legisladores estadounidenses, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, promueve la imposición de sanciones al Gobierno de Maduro.

A principios de mes, nueve senadores presentaron un proyecto legislativo que contempla, entre otras cosas, sancionar a “individuos responsables de menoscabar los procesos democráticos y las instituciones y envueltos en actos de corrupción pública”.