La Fiscal de Venezuela denuncia las violaciones a los DDHH del aparato de represión chavista

miércoles, mayo 24, 2017

En un contexto de erosión del oficialismo, las declaraciones de Ortega Díaz —en el cargo desde 2007— adquieren especial relevancia. La fiscal lució por mucho tiempo como una simple ejecutora de las operaciones de retaliación política ordenadas por el Ejecutivo.

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La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz informó que el joven Juan Pablo Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una manifestación en Altamira. La investigación técnica y forense arrojó que Pernalete sufrió un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax que le causó la muerte.

La Fiscal admitió que el objeto contundente fue disparado por la Guardia Bolivariana. El Ministerio Público ya conoce cuál es el grupo de funcionarios responsable de disparar los gases ese día, sin embargo aún están determinando al responsable que disparó contra Pernalete. Declaró que en los próximos días esperan concluir quién fue el culpable del asesinato.

Pernalete era un joven de 20 años, estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública en la Universidad Metropolitana y becado por excelencia deportiva. Había asistido a cinco manifestaciones en rechazo al Gobierno Nacional y falleció en las adyacencias de la Torre Británica en Altamira, durante una protesta el pasado 26 de abril.

Ortega rechazó que los cuerpos policiales disparen bombas lacrimógenas con escopetas, directamente al cuerpo, pues está prohibido de acuerdo a los estándares nacionales e internaciones. Aseguró que esta práctica es letal.

Ortega Díaz denunció las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado durante el control de las protestas que desde el 1 de abril han tomado las calles de diversas ciudades y refutó las versiones del Gobierno sobre las muertes ocurridas en los enfrentamientos.

La titular del Ministerio Público aseguró que más de la mitad de los lesionados durante los disturbios —unos 1.000, según sus registros— fueron provocados por los organismos de seguridad. La fiscal certificó que en los desórdenes han muerto 55 personas, siete de ellas el lunes, solo en el Estado de Barinas (provincia natal de Hugo Chávez). Tres de los fallecidos eran funcionarios del orden público y el resto, civiles.

Ortega Díaz dijo que 19 agentes han sido imputados por su presunta vinculación con violaciones graves a los derechos humanos.

La jefa del Ministerio Público exhortó a los actores políticos a “evitar especulaciones sobre los móviles de las muertes ocurridas por hechos de violencia”, en alusión a las repetidas transmisiones a través de los medios oficiales de vídeos y supuestas pruebas periciales que de manera regular achacan las muertes de manifestantes a sus propios copartidarios. Ortega Díaz reiteró que la Fiscalía es el único ente encargado de establecer las responsabilidades en los hechos.

También hizo referencia a los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos. El Ministerio Público ha abierto 16 investigaciones sobre casos donde grupos civiles armados instigaron a la violencia. Por último, Ortega Díaz repudió la práctica ya institucionalizada por el Gobierno de llevar a detenidos en las protestas ante autoridades de la justicia militar. “Las personas tienen derecho a ser juzgadas por sus jueces naturales”, insistió, y dijo que de siete investigaciones iniciadas por sometimiento a la justicia militar, ya se ha pedido la declinatoria de competencia en dos de ellas.