Colombia revive la polarización política por el Acuerdo de Paz

viernes, septiembre 19, 2025

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reactivado el debate nacional al anunciar sentencias por secuestros y “falsos positivos”, lo que despierta tensiones entre quienes ven las decisiones como justicia necesaria y quienes las critican como revanchas políticas.

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Colombia está atravesando una nueva fase de polarización política tras las recientes decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las sentencias que abarcan miles de secuestros cometidos por la extinta guerrilla de las FARC y los casos de “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales de civiles durante operaciones militares— han generado tanto respaldo como voces críticas.

Estas decisiones se dan en un contexto político ya cargado: el gobierno de Gustavo Petro enfrenta presiones para consolidar la paz mientras distintos sectores políticos, inversores y las comunidades víctimas del conflicto exigen claridad, reparación y cumplimiento de lo acordado en 2016.

El debate ha llegado también a la opinión pública, polarizando a quienes ven la JEP como garantía de justicia y verdad, frente a quienes apuntan que algunas de sus decisiones podrían exacerbar resentimientos o ser usadas para fines políticos. Por ejemplo, tras ratificarse algunas sanciones restaurativas, ha surgido el cuestionamiento sobre la proporcionalidad y el alcance de la aplicación de estas decisiones.

La sociedad, en genral, ve con asombro que las penas impuestas a los líderes guerrilleros firmantes de la paz son irrisorias y no guardan proporción frente a la magnitud de los delitos cometidos, y en comparación con las impuestas a otros actores políticos, por delitos de menor envergadura.

Relevancia para Ecuador:
Aunque Colombia es el país protagonista, este escenario tiene efectos directos e indirectos para Ecuador. La región sudamericana está interconectada por dinámicas de migración, justicia transicional, derechos humanos y memoria histórica.

Las decisiones de la JEP pueden servir como ejemplo para fortalecer los procesos de paz pendientes en otros países, así como para orientar las políticas de reparación, justicia y reconciliación que puedan adoptarse en Ecuador. Además, aumenta la presión sobre los estados vecinos para mostrar transparencia, respeto a los acuerdos firmados, y evitar que la polarización política derive en retrocesos institucionales.