Cerca de 1.500 funcionarios salen del Gobierno de Chile tras el escándalo de las licencias

viernes, junio 27, 2025

El escándalo de las licencias médicas estalló el pasado 20 de mayo cuando la Contraloría General de la República -organismo fiscalizador de las instituciones públicas- denunció que un total de 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera del país cuando estaban con licencia médica.

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Santiago de Chile (EFE).- Cerca de 1.500 funcionarios salieron en las últimas semanas de la Administración central en medio del escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas que sacude al país, informó este viernes el Gobierno de Chile.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó en rueda de prensa que muchos de estos funcionarios «se desvincularon por petición propia», pero recordó que “el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente, ya que hay sanciones económicas y situaciones penales de fraude al fisco que tienen que seguir su proceso procesal”.

El escándalo en el Gobierno de Chile

El escándalo de las licencias médicas estalló el pasado 20 de mayo cuando la Contraloría General de la República -organismo fiscalizador de las instituciones públicas- denunció que un total de 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera del país cuando estaban con licencia médica.

La mayoría de los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, coincidiendo con la llegada de la primavera y el verano austral.

Marcel detalló que los funcionarios del Gobierno central involucrados subieron desde los 7.990 registrados en mayo, a 8.814, y que se abrieron sumarios administrativos a 7.926, la mayoría de ellos pertenecientes a los ministerios de Educación (3.353) y Salud (2.428).

¿Cómo usaron las licencias?

La duración promedio de las licencias fue de 18,9 días y los funcionarios a los que se abrió sumario recibieron un total de 10.938 millones de pesos (11,6 millones de dólares) en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia.

La Contraloría extendió la investigación a los cuerpos policiales y a las Fuerzas Armadas, en tanto la Fiscalía chilena abrió expedientes penales contra los funcionarios involucrados por posibles delitos de fraude al fisco y, en el caso de los médicos, por la eventual emisión de permisos médicos falsos.