El embajador de la Unión Europea (UE) en Ecuador, el belga Charles-Michel Geurts, destacó los avances realizados en el país andino para aplacar la crisis de violencia criminal, pero advirtió que, para la sostenibilidad de las acciones, es clave activar los mecanismos para proteger el cumplimiento de los derechos humanos.
En una entrevista con EFE, Geurts consideró «un punto de inflexión muy importante» la militarización de las cárceles ordenada por el presidente de Ecuador para recuperar el control de las prisiones, hasta ese momento bajo dominio muros adentro de las bandas criminales, con un registro de más de 500 presos asesinados entre 2021 y 2023, la mayoría en una serie de masacres.
«Las masacres han terminado y esto significa que el Estado ha demostrado su capacidad de mantener el primero de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que es el derecho a la vida», destacó el diplomático europeo, que en agosto concluirá su misión de cuatro años en Ecuador.
Sin embargo, el jefe de la Delegación de la UE en Ecuador señaló que el desafío ahora es la sostenibilidad de estas acciones en el largo plazo sin que se vean vulnerados otros derechos humanos, mediante la prevención de cualquier forma de tratamiento inhumano degradante.
Geurts consideró que las denuncias aparecidas hasta el momento de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del personal militar contra la población penitenciaria son casos aislados, pero enfatizó en la necesidad de activar todos los mecanismos de prevención.
Entre ellos mencionó la facultad que tiene la Defensoría del Pueblo de ingresar en cualquier momento a las prisiones sin previo aviso, «lo que es un elemento de disuasión importante».
«Esos mecanismos tienen que actuar plenamente, pero también si las Fuerzas Armadas se van a quedar (en las cárceles), está el tema de la formación, porque (los militares) no fueron formados para eso», apuntó.
Antes de la militarización de las cárceles, Geurts destacó los diferentes de programas en materia de seguridad que la UE ha desarrollado con Ecuador para contribuir a solucionar la crisis carcelaria, entre ellos el apoyo a un censo penitenciario, la formación de nuevos guardias carcelarios y la clasificación de presos por nivel de seguridad y no en función a las bandas criminales a las que perteneciesen.
Desde inicios de 2024 el presidente de Ecuador elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas.
Bajo este escenario se dio la militarización de las cárceles y el despliegue militar en operaciones contra estos grupos criminales, señalados como los causantes del auge de la violencia que ha llevado a Ecuador a ser el país con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, al registrar 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó a inicios de un julio un informe con 45 casos de posibles violaciones de derechos humanos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas en Ecuador durante el primer trimestre de 2024.
En un informe presentado en mayo, la Defensoría del Pueblo contabilizó 24 fallecimientos de presos en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición».
Ante estas denuncias, el Gobierno de Noboa ha reforzado su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas y ha criticado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que le han interpelado en el escenario internacional por estos presuntos excesos de las fuerzas del orden. EFE
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