El crimen organizado se ha convertido en el mayor enemigo no solo de la seguridad estatal. Ahora es la peor amenaza de la propia nación al haber sacudido las bases de todos los principios en los que se asienta la democracia y las libertades en Ecuador, afectando a la misma ciudadanía y sus derechos, incluso los laborales.
Freedom House (FH), una organización de la sociedad civil con sede en Washington (EE.UU.), publicó su Informe de Libertad en el Mundo 2024. En dicha medición, la organización ofrece una clasificación de los países más libres y menos libres del mundo.
Esta es la edición 18. En los resultados globales, solo 21 países mejoran y 53 naciones bajaron su puntaje, entre ellas Ecuador.
Ecuador está entre las naciones consideradas “parcialmente libres”, que son 59.
Ecuador descendió de ‘libre’ (en el informe de 2023) a ‘parcialmente libre’. Las razones fundamentales son el aumento de la delincuencia que es violenta, en gran parte, ocasionada por los grupos delictivos organizados. Estos delincuentes, recuerda FH, atentaron contra funcionarios y ciudadanos, “lo que provocó una crisis de seguridad más grave”.
Así, Ecuador baja en derechos políticos y en libertades civiles, que son asuntos fundamentales para los defensores de los derechos humanos al marcar una diferencia entre una vida con restricciones y otra que no tiene esos pesos.
El asesinato de Fernando Villavicencio, el caso Metástasis, el silenciamiento del crimen organizado a la prensa del país con ataques, la proliferación de partidos políticos frágiles, son los principales hechos para la caída en la calificación desde FH.
Una de las alertas de FH, por la baja de la calificación de Ecuador, es la manera de hacer política.
Para esa organización está muy claro que, por décadas, los partidos políticos ecuatorianos se han basado en la personalidad del caudillo, son clientelistas y frágiles. Esta característica, dice FH en su informe, han provocado que las opciones políticas de los ecuatorianos “están cada vez más limitadas por los grupos criminales y la violencia” por dos vías: la contaminación de la política y el asesinato de políticos.
La organización sintetizó en un párrafo la grave situación de la política, incluida la financiación del crimen organizado: “En Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, los grupos criminales participan cada vez más en actividades ilícitas de financiamiento de campañas. Los actores criminales han mantenido un diálogo con los políticos o los han atacado de otra manera”.
Y, finalmente, dice: “En diciembre de 2023, la fiscal general Diana Salazar presentó pruebas de que Intriago, el difunto alcalde de Manta, se comunicaba con un socio del narcotraficante Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en un motín carcelario en 2022. Además, Norero supuestamente ordenó vigilancia en Villavicencio”.
Texto publicado en La Hora
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