La ONU anunció este 3 de noviembre de 2023 que requerirá 1.200 millones de dólares para acudir en ayuda de toda la población de la Franja de Gaza, unos 2,2 millones de personas asediadas por los bombardeos de Israel, y de 500.000 residentes en Cisjordania, el otro territorio palestino ocupado donde la situación económica y social se ha agravado.
Esa cifra cuadruplica la petición de fondos inicial que Naciones Unidas realizó pocos días después del inicio de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, en vista de que la situación es mucho más grave de lo que entonces se anticipaba.
El pedido de la ONU se da en un momento en que cientos de gazatíes que estaban en Israel con permiso de trabajo fueron expulsados y enviados a la Franja de Gaza, asediada por los ataques aéreos, terrestres y navales del Ejército israelí desde que estalló la guerra con el grupo islamista Hamás, el 7 de octubre.
EFE constató que al menos 700 gazatíes regresaron a la Franja desde Israel a través del paso Kerem Shalom, en el extremo sur, cerca de Egipto, tras haber estado retenidos por las autoridades israelíes desde que estalló la guerra con Hamás.
Mientras esto ocurría sonaron en esa zona las sirenas que alertan de los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas.
«Israel está cortando todo contacto con Gaza. No habrá más trabajadores palestinos de Gaza. Los trabajadores de Gaza que estaban en Israel el día del estallido de la guerra serán devueltos a Gaza», indicó el Gabinete de Seguridad de Israel en un comunicado.
Las autoridades israelíes no han dado cifras sobre el número total de gazatíes que serán expulsados, pero se estima que unos 18.500 palestinos de Gaza tenían permiso de trabajo en Israel, según cifras de COGAT, organismo militar que controla los asuntos civiles en los territorios ocupados.
Tras estallar la guerra, muchos de ellos se vieron desplazados a Cisjordania ocupada mientras que al menos 4.000 habían sido detenidos por las autoridades israelíes, y sometidos a interrogatorios para dilucidar si alguno estuvo implicado en los ataques de Hamás.
Según organizaciones humanitarias, estos miles de gazatíes vieron sus permisos revocados y fueron recluidos entre la prisión de Ofer, en Cisjordania ocupada, y bases militares, lo que consideraron «un acto ilegal de venganza».
Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre luego de que el grupo islamista perpetró un masivo ataque por tierra y aire en territorio israelí, que dejó más de 1.400 muertos, 5.400 heridos, y al menos 242 secuestrados en Gaza.
Desde ese día, el Ejército de Israel bombardea sin cesar el enclave y, la noche del viernes pasado, inició una incursión por tierra que ha costado la vida de al menos 24 soldados y que el jueves avanzó hasta el interior de la ciudad de Gaza, principal urbe de la Franja.
De su lado, las milicias palestinas no han cesado de lanzar cohetes hacia Israel, la mayoría de ellos interceptados por el sistema de defensa antiaérea israelí.
La ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza ha dejado más de 9.100 palestinos muertos y más de 30.000 heridos, la gran mayoría civiles.
Así, la desesperación cunde entre la población gazatí, donde muchos hospitales y cementerios han colapsado ante el creciente número de víctimas y la escasez de agua potable, alimentos, electricidad y combustible.
Cerca de 1,5 millones de personas han sido desplazadas en la Franja, más de la mitad de la población, y muchos de ellos buscan desesperadamente salir del enclave por el paso de Rafah, fronterizo con Egipto, el único del enclave que ha sido abierto en contadas ocasiones para dejar entrar ayuda humanitaria o evacuar heridos y extranjeros. EFE
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