La cifra de despidos de trabajadores sigue en aumento, citando al ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, el número de contratos terminados llegó a 180. 852 casos al 17 de junio (El Universo, 2020). El 18 de junio, la Asamblea recibirá al ministro Poveda, quien deberá explicar la trascendencia del veto parcial del Ejecutivo al tan cuestionado proyecto de Ley de Apoyo Humanitario. Ciertamente el futuro laboral de muchos ecuatorianos pende de un hilo, que se teje en mano de los asambleístas.
El alcance de las medidas que abarca la Ley Humanitaria, aprobada el 15 de mayo pasado por la Asamblea Nacional, estaba enfocado en la reactivación de la economía ecuatoriana blindando la sostenibilidad empresarial. Con esta ley lo que el Gobierno buscaba era proveer alternativas a las empresas ecuatorianas para que puedan sobrevivir a la pandemia mundial ocasionada por el Covid-19. En principio, se buscaba que la flexibilización en los términos de los contratos laborales se realizará en pro de preservar la continuidad de las empresas y promover la creación de nuevos emprendimientos; que se verían beneficiados con nuevas modalidades de contratación.
Empero, a pesar de que esta es una ley de apoyo humanitario propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo; sentimientos de resistencia y desazón invadieron a muchos frentes de trabajadores, tales como el Frente Popular o la Federación de Trabajadores Públicos, quienes han manifestado su inconformidad presentando diferentes objeciones e incluso han solicitado que sea desechada. El escenario laboral que se vive en la actualidad en nuestro país es desolador… amigos, familiares o conocidos se han visto afectados por recortes salariales, despidos masivos y liquidaciones que no necesariamente se perciben justas por los afectados.
A raíz de este malestar en la población, el presidente Lenín Moreno realizó 32 objeciones a la ley; vetándola parcialmente y enviando a la Asamblea Nacional el texto para que vuelva a debatirse en la Comisión de Régimen Económico. Resaltando entre las objeciones más relevantes, la figura del contrato emergente, que con la observación del Ejecutivo se espera que dure solamente un año, y que se permita su renovación por una sola vez. Los asambleístas habían promovido que esta figura fuera por dos años.
Lo perceptible desde mi función académica, es la poca participación de las universidades del país en la toma de decisiones de procesos tan trascendentales; como las reformas a las leyes de trabajo y finanzas. Los poderes Ejecutivo y Legislativo olvidan que la academia es un actor clave en el progreso del país y el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Los jóvenes son educados en las aulas universitarias de forma presencial y ahora a través de plataformas virtuales, los maestros se esfuerzan no sólo por innovar en su cátedra; sino también por realizar investigación que permita que las decisiones sean más objetivas en los diferentes sectores industriales.
Mi expectativa desde mi rol como académica es que el diálogo se fomente y se promueva entre los distintos actores: la empresa, el gobierno, los frentes de trabajadores y la academia; para así aportar colaborativamente en propuestas que mejoren el Código de Trabajo actual, en lugar de adoptar medidas parches. Considerando que esta es una solución cortoplacista, y que existen muchas aristas que no se han analizado, tales como la motivación del personal y su compromiso con la organización, que evidentemente se ha visto afectado en el contexto actual. Debemos recordar que el cliente interno de la organización es pieza clave de este rompecabezas llamado empresa, que debe ser cuidado y motivado, para que los productos o servicios que comercialicemos se caractericen por su excelente calidad y atención al cliente.
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