La alternativa es focalizar los subsidios a los combustibles

domingo, diciembre 15, 2019

Con la derogatoria del decreto 883 que liberaba el precio del diésel y de la gasolina extra a precios de mercado, fue necesario entender por qué se tomaron las medidas. Diego Fernando García Vélez, de la Universidad Técnica Particular de Loja, el 16 de octubre de 2019, analizó este tema.

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El presidente Lenin Moreno anunció varias medidas y reformas económicas, una de las que provocó mayores reacciones fue la liberación de los precios del diésel y la gasolina extra.  El subsidio es un aporte del Estado al precio de la producción para que no afecte al costo de los bienes y servicios, en este caso la eliminación del subsidio provocaría el aumento del costo de los productos de la canasta básica y una afectación directa al precio del transporte público.

Pese a los últimos acontecimientos, con la derogatoria del decreto 883 que liberaba el precio del diésel y de la gasolina extra a precios de mercado, es importante entender por qué se tomaron las medidas para comprender si son o no necesarias para la economía del país. La razón principal es porque se debe cumplir con los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional.

En el memorando de política económica que ejecutó el Ministerio de Finanzas están claramente establecidos los cuatro compromisos a cumplir: reducción de gasto público, optimización de los subsidios, reformas tributarias y reducción de la masa salarial del sector público. Si se analizan detenidamente las medidas adoptadas están exactamente asentadas en esos cuatro pilares.

Los subsidios siempre distorsionan los precios en la economía porque intervienen en el costo final de los bienes, servicios y productos; entonces, los subsidios si son necesarios porque tienen un principio de equidad. Lamentablemente en nuestro país los subsidios a los combustibles han estado siempre mal dirigidos porque se benefician del mismo tanto una persona con ingresos altos como una persona con ingresos bajos; es decir, una persona con salario de $3.000 recibe un subsidio a pesar de que no debería recibirlo y una persona pobre que ni siquiera tiene trabajo únicamente se beneficia con el costo del transporte público.

En nuestro país es necesario focalizar los subsidios a los combustibles, enfocarlos para que vayan para quienes realmente los necesitan más no eliminarlos. Porque al eliminarlos estamos afectando a toda la población inclusive a los más necesitados.

La solución correcta para evitar todo el caos fue la derogación de la medida por parte del presidente de la República y posteriormente el diálogo con todos los sectores y focalizar el subsidio con el fin de no afectar a la población más pobre que corresponde al 25%.

Eso sin contar con que aproximadamente el 58% de ecuatorianos que pertenecen a la población económicamente activa, tienen un empleo inadecuado y el 4% de personas no tiene trabajo; es decir, existe aproximadamente un 62% de personas con un ingreso inferior al salario básico.

Se debería llegar a acuerdos con los transportistas: la disminución de aranceles en la exportación de repuestos para los vehículos, eliminación de aranceles en llantas; en nuestro país la mayoría opta por viajar a comprar las llantas en Perú porque son mucho más baratas.

La disminución de los costos de operación del transporte público en la matriculación vehicular es otra de las alternativas. Hay que buscar formas para que los costos del transporte no aumenten y los transportistas no se vean obligados a solicitar el aumento de las tarifas.  Focalizar el subsidio del diésel y la gasolina extra es la alternativa más viable.

Es difícil que se tome una medida económica en el país y no hayan afectados, lo importante es que cuando se toma una medida económica afecte a la menor cantidad de la población.

El Gobierno buscaba medidas paleativas para de alguna manera calmar la molestia de algunos sectores, una de ellas es la reducción de aranceles para la producción agrícola. El problema estaba en que el sector indígena no pedía medidas paleativas, sino, la derogación del decreto 883.

Actualmente tenemos problemas en el ámbito social porque en los últimos dos años la pobreza ha aumentado y el empleo adecuado ha disminuido, se tiene déficit en el presupuesto fiscal del Estado, un endeudamiento que está en el 51% de PIB; es decir, una deuda pública que bordea los 55 mil millones de dólares. En los últimos años no se ha logrado solucionar la difícil situación fiscal, el próximo Presidente que llegue va a tener un escenario bastante complejo.

Existen diferentes alternativas a los problemas financieros; sin embargo, el Gobierno estaba tomando decisiones en función a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Uno de los caminos que se podría tomar es aplicar un IVA diferenciado, trabajar en cuanto a políticas laborales a largo plazo, focalizar los subsidios, generar dinamismo económico con inversión pública, fomentar las exportaciones, mejorar la gestión de las empresas públicas, entre otras.