Crisis socioeconómica y política del Ecuador

Está comprobado -una vez más- que la eliminación de los subsidios a los combustibles es económicamente inflacionaria -producto de la especulación presionada por la desinformación de la población-” y políticamente incendiaria -resultado de la lucha de intereses entre los distintos actores que intervienen en las cadenas de producción, comercialización y consumo de los bienes y/o servicios que se transan en el país-.

Este escenario, en su momento -finales de 2010-, el Presidente de Bolivia Evo Morales, lo sintió de forma real cuando elevó, de forma sorpresiva, el precio de los combustibles justificando que “la subida de los combustibles entre un 57% -gasolina premium- y 82% -diésel- lo hacía para poner fin al contrabando de carburantes a los países fronterizos”. Lamentablemente -a pesar del fin anticontrabando-, frente al efecto político incendiario de la medida tomada, el Presidente Morales tuvo que dar marcha atrás para evitar la caída de su gobierno que, aparentemente, tenía una alta aceptación popular.

En el caso ecuatoriano, por esos mismos años, por información que tuvimos acceso de parte de personas que, en su momento, colaboraron con el gobierno de Rafael Correa, también se estuvo barajando la posibilidad de quitar el subsidio a los combustibles; pero, claro, al ver lo que sucedió con el gasolinazo boliviano no le implementaron y, así, se evitó el sacrificio del capital político que, para esos años, positivamente ya había acumulado el “gobierno correísta” y, sobre el cual, luego, se construyó un gobierno que, lamentablemente, sirvió como medio de acaparamiento de todo el poder necesario para imponer un modelo que, la historia lo está demostrando, dejó un marco institucional pesado, lleno de procesos e instancias para justificar el funcionamiento de una burocracia inflada que se llegó a consolidar con signos de ineficiencia y, sobre todo, de ser un espacio organizacional para que, con facilidad, florezca la corrupción que ahora, con hechos y cifras se puede ver que fue atrevida y escalofriante en contra del dinero que es de propiedad de todos los ecuatorianos.

En lo económico, también, como otro efecto negativo, se puso en funcionamiento un modelo que permita financiar el Estado obeso consolidado y, por supuesto, los millones de dólares que se fueron esfumando vía gasto corriente ineficiente y una inversión pública que, sobre la base de grandes construcciones -por supuesto, en varios de los casos, útiles para el país-, sirvió como pretexto para usar recursos públicos sin los suficientes mecanismos de control que eviten que los “bolsillos de los corruptos” se llenen a costa del dinero que nos pertenece a todas las personas que habitamos este, nuestro querido Ecuador.

Y, claro, en medio de este escenario, cualquiera hubiese sido el gobernante que suceda a Correa, tenía que tomar medidas económicas -aclarando, eso sí, que, en “el cómo”, habría que ampliar la discusión- para, así, corregir el manejo poco técnico y transparente que se hizo de la economía durante diez años y que, parafraseando a Aristóteles, significó una gestión pública ausente de “rectitud y prudencia”.

Este tipo de decisiones, como estamos viendo en estos días, resultan totalmente impopulares, pues, a la población no le gusta -por la costumbre económica de pago eterno generada de ciertos productos, como es el caso de los combustibles- y tiende a tildar al gobernante de turno como “el malo” y, además, empieza a generar una sensación de anhelo por el retorno del anterior gobernante que, de forma ficticia -endeudamiento de mala calidad y déficit fiscal elevado por un manejo ineficiente y corrupto de los recursos públicos-, mantuvo contento al pueblo de forma coyuntural -sin perspectiva de largo plazo- y, así, dejar postergada, para los próximos años, la corrección del manejo económico que, a la postre, termina afectando a la estabilidad gubernamental de quien, en el momento de las decisiones difíciles, esté al frente del país.

De ahí, quizá, los gobernantes que están conscientes del mal manejo que hicieron de la economía nacional y saben que se avecinará, tarde o temprano -ya ahora llegó-, una gran crisis socioeconómica y política, prefieren astutamente dejar un período de gobierno para que sea otro el que se haga cargo de las dificultades que giran alrededor de ese enfermo llamado “economía” y que, para su recuperación requiere de medicina dolorosa que, en materia de política económica, significa la toma de medidas antipopulares que crean el terreno propicio para el retorno, al escenario político, del gobernante del período anterior que, gracias al baño de aceptación generado por el efecto anhelo de la población expresado en la frase “con el anterior Presidente no habían este tipo de medidas económicas”, se frota las manos para regresar al poder y, así, retornar a la vigencia de modelos de gestión social y económica sustentados en un cóctel peligroso que mezcla el despilfarro, la ineficiencia y la corrupción.

Finalmente, de acuerdo a los acontecimientos de los últimos días, cuando ya se palpan los efectos económicos “inflacionarios” y políticos “incendiarios” de la eliminación de los subsidios a los combustibles se empiezan a presentar y que vale la pena analizar, por un lado, una serie de actos que muestran cómo verdaderamente son ciertos actores políticos del país, en donde, unos se hacen a un lado con declaraciones que dicen “no estar de acuerdo con las medidas” que, en años anteriores, eran parte del discurso de sugerencias que daban a otros gobernantes como soluciones para el manejo económico del Ecuador; claro, lo hacían porque en esos tiempos no tenían ninguna probabilidad de llegar a la Presidencia de la República, pero ahora, cuando los tiempos han cambiado, ven que hacerse a un lado e ir tomando la mayor distancia posible del gobernante de turno es la mejor estrategia para cuidar su capital electoral que les permita enfrentar las próximas elecciones presidenciales. Este tipo de actitudes, al final, son actitudes HIPÓCRITAS que, cuando el pueblo se dé cuenta, igual les pasará factura en las urnas. Otros actores, en cambio, se van convirtiendo en los abanderados de caotizar el país -vaya usted a imaginar los intereses ocultos que motiva su actuación- sobre la base de la violencia que, al final, conduce a enfrentarnos entre hermanos ecuatorianos.

Por otro lado, se va observando que, en estos momentos de dificultad socioeconómica y política, es vital -en el espacio gubernamental- tener gente experimentada que sepa manejar con mucho tino y precisión “del cirujano” los procesos de negociación política y de cuidado de la seguridad interna que, sobre todo -esta última-, anteponga el respeto a los derechos humanos, la integridad física y la propiedad privada de todas las personas que vivimos en esta nuestra querida Patria ecuatoriana.

Otro aspecto a resaltar -que es parte de los factores que, también, contribuyen a la potenciación de la crisis actual que vive el país-, es el rol de la información que circula a través de las redes sociales virtuales, sobre todo de aquella que es considerada como información falsa y dirigida hacia el incremento del nerviosismo y la molestia de la gente que está protestando en las calles y carreteras del país y, también, de la que pacíficamente está en sus hogares o lugares de trabajo. De ahí, la importancia de ir a fuentes oficiales y confiables con el propósito de respetar, con argumentos, el derecho a PROTESTAR, eso sí, desterrando, de forma total, un fantasma maligno llamado AGRESIÓN que, al final, lo que hace, como ya dijimos -y vale la pena repetir-, es enfrentarnos violentamente entre ecuatorianos que, pensando positivamente, lo que buscamos -de forma sinérgica- es construir, pacíficamente -sobre la base del diálogo constructivo y propositivo-, un Ecuador más productivo, justo e inclusivo.