Argentina deroga políticas sobre uso de armas de fuego

Este reglamento permitía que las fuerzas utilizaran armas letales sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.

En su lugar, la cartera de Seguridad restituyó la vigencia de las disposiciones que rigen en cada fuerza en particular: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“Nosotros somos el Ministerio de Seguridad, no somos el de Justicia ni los fiscales o jueces, la Policía no hace justicia por mano propia”, explicó la ministra del área, Sabina Frederic, en una entrevista a radio Metro.

La resolución del Ministerio de Seguridad dejó también sin vigencia el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales, como las pistolas Taser encargadas en julio pasado por la administración de Macri (2015-2019) y que aún no llegaron al país.

El Ministerio de Seguridad señaló que “la categorización como arma electrónica ‘no letal’ podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal, esto es: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad”.

La cartera advirtió que la ausencia de regulación sobre cómo deben utilizarse las armas electrónicas “ocasiona una situación de peligro exponencial, pudiendo transformar su uso en letal”.

La preocupación gubernamental surgió porque la reglamentación dictada por la administración anterior en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, no delimitaba la distancia a la que debía ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde podía realizarse la descarga y cuánto debían durar las mismas, entre otros puntos.

Tampoco establecía la población sobre la cual su uso debe estar totalmente prohibido ni cómo actuar ante una descompensación de la persona afectada, por lo cual encargó a un consejo de profesionales la evaluación de las recomendaciones para el uso de armas electrónicas.

Frederic aclaró luego que solo podrán usarlas “las fuerzas federales especiales y en casos que no son de rutina cotidiana, como en toma de rehenes o allanamientos”.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad decidió suspender el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que había lanzado este año el Gobierno de Macri y que contó con miles de jóvenes de entre 16 y 20 años postulantes.

El dictado del contenido curricular y las actividades de este servicio fueron promulgados por la Gendarmería Nacional -la policía militarizada-, tareas que según la nueva resolución “son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad y a la Gendarmería”.

En cambio, la resolución subraya que el acceso a derecho humanos esenciales tales como la educación y la inclusión social deben ser garantizado desde las áreas de Educación, Desarrollo social, Salud, Trabajo, Turismo y Deportes.

El Ministerio de Seguridad decidió asimismo eliminar el “Programa Ofensores en Trenes”, que habilitaba a las fuerzas policiales y de seguridad a realizar controles en el transporte público ferroviario.