Un operativo articulado por la Policía y la Fiscalía en las provincias de Pichincha, Manabí, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas terminó con la desarticulación de una organización delictiva en la que participaban dos policías en servicio activo y dos en servicio pasivo, un militar en servicio activo y dos funcionarios de la Fiscalía.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo con con este operativo el mensaje es claro: cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga. “En Esmeraldas, una Fiscal está privada de su libertad, por dedicarse a actividades delictivas, y lo propio en la provincia de Chimborazo. Días atrás solicitamos al Consejo de la Judicatura que se tomen las medidas administrativas contra este funcionario, porque se venían detectando irregularidades en el desempeño de sus funciones. A esto se suman estos dos funcionarios, que ya han sido separados de nuestras filas”, dijo.
El centro de residencia y planificación de esta organización delictiva estaba Quito y Santo Domingo, mientras que sus operaciones se concentraban en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí.
La investigación, según la Fiscalía, demoró cuatro meses en los que se identificó a su líder y a sus veinte colaboradores. Cada uno cumplía roles específicos, como perfilar a sus víctimas e ingresar a sus domicilios con órdenes de allanamiento falsas, utilizando chompas similares a las de Fiscalía y Policía Nacional.
Bajo las amenazas de privar de su libertad a las víctimas, sustraían dinero, dispositivos electrónicos y objetos de valor. También las extorsionaban para que les entreguen fuertes cantidades de dinero.
Cinco personas fueron detenidas en delito flagrante. Los otros dieciséis fueron capturados durante un allanamiento a nueve inmuebles en Quito, en donde se recopilaron indicios, como armas de fuego, prendas de uso policial, teléfonos celulares y más.
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