Los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas en la frontera norte (específicamente en Esmeraldas) muestran una realidad oculta y que pocos han querido reconocer en estos años, el luto que deja lo ocurrido no solo afecta a 7 familias sino a todo un país que se considera una “isla de paz”. Pero más allá de la situación política y de seguridad que conlleva estos eventos, lo económico y productivo no debe dejarse de lado.
Si bien la provincia de Esmeraldas es el foco de atención, no significa que Carchi, y Sucumbíos por el norte; Orellana, Pastaza y Morona Santiago por el este; y El Oro, Loja y Zamora Chinchipe por el sur; presenten situaciones que apremian atención. La característica general de estas provincias desde hace décadas es la poca atención recibida, a pesar de que en algunos casos son las mayores generadoras de riqueza del país, como son las provincias amazónicas, por la explotación petrolera que se lleva a cabo en las mismas.
Los indicadores económicos y sociales como tasa desempleo, nivel de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, nivel de escolaridad, desigualdad, cobertura hospitalaria, entre otros, lo señalan; lo que sucede en la frontera específicamente merece una atención integral por parte del gobierno presente y futuros que cubra aspectos fundamentales como educación, vivienda, salud, seguridad, vialidad, etc. La no atención en los diferentes gobiernos de turnos ha provocado que buena parte de la población de la zona pliegue a actividades ilícitas que le brinden la ansiada estabilidad económica, llevando a que se instalen desde carteles de droga, guerrilleros disidentes y demás grupos irregulares que ven una oportunidad de negocio muy lucrativo.
Vemos que existe una economía irregular “boyante” que genera “sueños” y “expectativa de superación” a una población que por la condiciones en que viven y su acceso a educación limitado, trae consigo que la opulencia con la que vive los familiares de quienes conducen los negocios ilícitos en la zona “motive” a que los niños y jóvenes deseen emular ese “estilo de vida”. Ante esta realidad adversa que tiene esta zona, debe verse como una oportunidad para llevar a cabo un verdadero plan integral que busque un desarrollo productivo, pero no solo visto desde el aspecto macro de políticas públicas, sino que las mismas atienden las necesidades de la comunidad en sí, esto es desde el territorio.
La tarea no es fácil, porque el Estado debe “reconvertir” a gran parte de la población que se estimada participa en las actividades ilegales, que de cierta forma le ha brindado lo que el Estado y la sociedad no lo hizo. Si bien una estrategia de seguridad es necesaria para combatir el problema, debe ir acompañada de elementos que atiendan la realidad social, donde la educación será fundamental para instaurar verdaderos valores y principios éticos que permitan a los ciudadanos tomar decisiones acertadas sobre su futuro.
Hay mucho por hacer en la zona, ante esta adversidad debe verse una importante oportunidad para brindar verdaderas soluciones, tengamos presente el potencial de la zona relacionada a la actividad minera, maderera, vialidad, agricultura, etc.; eso sí, desde el principio debe vincularse a los actores sociales de la zona, porque no debe pensarse que lo que realice el Estado necesariamente estará bien, ellos serán los beneficiados y/o perjudicados de las acciones que se lleven a cabo, por tanto será importante su involucramiento directo. Lo que se logre en esta zona podrá replicarse en las demás zonas fronterizas donde existen también serios problemas.
Las alianzas público-privadas serán una alternativa idónea para implementar en el sector, pues esto llevaría recursos económicos (microcréditos para desarrollar actividad emprendedora, por ejemplo), o desarrollar obras como el Plan de Vivienda que lleva a cabo el gobierno; en fin hay oportunidades pero es necesario tomar la decisión de llevar a cabo un verdadero plan integral en la zona, es importante también que dejemos de pensar como sociedad que el problema está lejos.
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