La Ley de Plusvalía ha sido perversa con la economía del país

miércoles, octubre 11, 2017

El Gobierno ha acogido hasta ahora el 86% de las 139 propuestas que hizo hace dos semanas el Consejo Consultivo y que serán parte del plan gubernamental. Entre esas están la reducción de trámites, pago del drawback (devolución de impuestos al exportador) y medidas de impulso al emprendimiento.

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El sector productivo ya hizo su trabajo, se reunió, discutió y propuso 139 ideas al Gobierno para echar a andar la economía y sacarla de su estancamiento. Las propuestas podrán ser viables siempre y cuando el Gobierno pueda manejarlas dentro del Presupuesto General del Estado.

Los temas transversales que se repitieron en todas las 26 mesas de diálogo fueron siempre los relacionados con los impuestos. La derogatoria o rebaja de tributos, como el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, (…) porque restan capacidad y quitan liquidez a las empresas, lo que representa un desincentivo al desarrollo productivo del país.

Estos impuestos se podrían revisar en la medida en que no genere un impacto o una brecha significativa en el Presupuesto del Estado. Siempre y cuando no abra un gran hueco fiscal. Es decir, si el gobierno no halla fuentes de financiamiento inmediatas va ser muy difícil derogar el Impuesto de Salida de Divisas porque en la actualidad es una de sus principales fuentes de ingresos para financiar todo el gasto público.

En lo que sí hay apertura es en el tema del anticipo del impuesto a la renta o impuesto mínimo. En las mesas de diálogo, los representantes del Gobierno se mostraron abiertos a cambiar la fórmula actual que grava los activos, el patrimonio y los pasivos de las empresas por una que grave únicamente las rentas.

Con el impuesto mínimo lo que el Gobierno anterior hizo fue restar capital de producción a las empresas, porque, aunque no generaban utilidades, con esa fórmula tenían que cubrir obligatoriamente ese anticipo. Pero si no hay ingresos es muy difícil para el empresario sea pequeño, mediano o de economía popular y solidaria cumplir con esa obligación.

Todas las ideas presentadas al Gobierno por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario están encaminadas a echar a andar la economía del país y para eso es necesario un entorno productivo favorable. Eso significa tener costos de energía eléctrica e infraestructura que permitan al empresario ecuatoriano alcanzar altos niveles de productividad y mucho más en una economía dolarizada donde mucho se depende de los vaivenes de los mercados internacionales. El Gobierno tiene que garantizar el acceso a energía eléctrica, insumos básicos e infraestructura de calidad a precios competitivos.

Ese entorno productivo debe estar apalancado por un nuevo entorno laboral que no funcione como una camisa de fuerza. En la actualidad, el sistema de contratación del país es rígido y eso dificulta alcanzar los niveles de productividad que necesita la industria.

Es necesario pensar en nuevos esquemas de contratación, por ejemplo volver al contrato a plazo fijo, permitir a las empresas, en determinados sectores, contratar por horas.

El productivo y el laboral son dos frentes clave en todo este proceso de recuperación económica.

El tercer frente tiene que ver con la inversión extranjera directa. Es indispensable mejorar las condiciones normativas para que los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, puedan anclar en el país y montar una industria o asociar sus capitales frescos a una industria nacional.

Y como cuarto frente está el del acceso a los mercados internacionales. La política comercial exterior debe estar centrada en la apertura de mercados para sus exportaciones. No es posible tener como principal socio comercial a EEUU sin contar todavía un tratado que garantice el acceso a ese mercado a todo el universo de productos ecuatorianos, sin barreras arancelarias.

La innovación fue uno de los ejes importantes abordados en las mesas como un eje para la recuperación de la economía, porque permite a las empresas competir en los mercados internacionales y evolucionar en las fases productivas, ya sea con el producto o en la estructura del negocio. Pero la innovación está marcada con todo el ambiente normativo, con la facilidad para contratar, con la facilidad para atraer inversiones o reinvertir capitales.

La innovación per se es imposible en un ambiente normativo anti-empresa. En los países donde existe una alta regulación y mucha coparticipación del Estado, en casi toda las actividades productivas, hay una regla que se cumple a rajatabla: a mayor regulación de Estado menor innovación en las economías, porque las empresas no tienen los incentivos suficientes, ni cuentan con las herramientas y, por lo tanto, el empresario se queda sin motivaciones para desarrollar nuevos productos que mejoren su entorno productivo.

Uno de los primeros pasos que debería dar el Gobierno, si hay la voluntad política para hacerlo, es mejorar el ambiente impositivo, reducir la carga tributaria, derogar el Impuesto a la Salida de Divisas, cambiar la fórmula del anticipo del impuesto a la renta y sobre todo eliminar la Ley de Plusvalía que ha sido perversa con la economía del país, porque desaceleró todos los encadenamientos de las industrias que dependen de la construcción.

La derogatoria de esa ley es clave para garantizar mayores inversiones y apuntalar el desarrollo productivo del país.

Hay propuestas que van a tener que pasar por el propio Ejecutivo por medio de la expedición de decretos presidenciales que deroguen, modifiquen o reformen leyes. Otras dependerán del lobby que pueda hacer el Gobierno en la Asamblea.

En la actualidad, la única fórmula que tiene el Gobierno para obtener mayores ingresos y dinamizar la economía es por medio de la iniciativa privada. A mayores exportaciones, mayores recaudaciones vía Servicio de Rentas Internas.

Lo más destacable de estas mesas de diálogo fue la evidencia de que el presidente Lenín Moreno comenzó a romper con esa lógica de estatismo que ponía al Gobierno como el único generador de riqueza y el único empleador.

El diálogo sirvió para darle al presidente Moreno una hoja de ruta con la que el sector privado podría comenzar a generar mayores rentas para cubrir, desde el Fisco, los recortes o la suspensión de determinados impuestos nefastos para el sector productivo del país.