El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirmó que la democracia en Venezuela apenas está viva, si todavía está viva, al presentar un informe que acusa al gobierno venezolano de reprimir el disenso político e infundir temor en la población.
El presidente Nicolás Maduro fue elegido por la gente, reconoció Zeid Ra’ad Al Husein ante la prensa en Ginebra, pero las recientes acciones del gobierno dan la sensación de que lo que quedaba de vida democrática en Venezuela está siendo aplastado.
El presidente francés Emmanuel Macron había tildado la víspera a Venezuela de dictadura. El ministerio de Relaciones Exteriores venezolano calificó este miércoles de lamentables los comentarios del presidente Macron, y denunció una clara injerencia en los asuntos internos del país.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.
“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones, y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos, denotan que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, dice el texto.
Zeid advirtió que la crisis económica y social persiste y que las tensiones políticas cada vez mayores podrían empeorar la situación del país.
Según el Ministerio Público venezolano, citado en el documento, 124 personas murieron durante estas protestas, entre el 1 de abril y el 31 de julio.
Para el ACNUDH, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron presuntamente a manos de las “fuerzas de seguridad”, y 27 fueron abatidos supuestamente por los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. Los autores de las otras muertes no han sido identificados.
Zeid dijo además estar preocupado por las recientes medidas tomadas por las autoridades para procesar a la oposición. El martes, la Asamblea Constituyente decidió enjuiciar por traición a la patria a los opositores que, según ella, promueven las sanciones financieras de Estados Unidos contra Caracas.
Zeid también puso de relieve los “tratamientos degradantes asimilables en ciertos casos a la tortura” que figuran en el documento. El texto denuncia el recurso a “descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos periodos, asfixia con gas y amenazas de muerte o amenazas de violencia sexual”.
Puesto que las autoridades venezolanas se negaron a que investigadores de la ONU entraran en el país, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que entrevistaran a distancia, entre el 6 de junio y el 31 de julio de este año, a cerca de 135 víctimas y sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público.
“El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número”, dijo.
Los autores del documento aseguran, citando a ONG locales, que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de mil permanecían aún encarceladas el 31 de julio.
El ACNUDH comprobó que las autoridades fueron incrementando el uso de la fuerza contra los manifestantes, analizando la información aportada por el personal médico sobre los heridos.
“Manifestantes y periodistas fueron calificados de enemigos o de terroristas por las autoridades, palabras que no contribuyeron en absoluto a calmar el clima de violencia y de polarización”, dice el informe.
El informe pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine “la posibilidad de adoptar medidas para evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos” en Venezuela.
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