Los civiles llevados ante juzgados militares

La legislación venezolana establece que solo efectivos militares pueden ser presentados ante la justicia militar y solo si cometen delitos de naturaleza militar, pero según un balance citado por el diario El Tiempo de Bogotá hasta este momento 75 civiles relacionados con las últimas protestas y saqueos en Venezuela han sido presentados ante tribunales militares.

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, ha explicado que estas personas están detenidas por participar en saqueos, pero según los expedientes solo a una persona que se le incautaron cuatro piezas de jamón serrano se la está imputando por vilipendio e instigación a la rebelión, por insultar a los guardias.

Los tribunales militares, según el Foro Penal Venezolano, se están instalando directamente en los comandos militares donde están los detenidos, como especie de tribunales accidentales o ad hoc, prohibidos por la legislación internacional.

Los civiles antes tribunales militares no solo son una alteración del orden constitucional en Venezuela, como lo han advertido las organizaciones de Derechos Humanos. Los civiles ante tribunales militares deja en nada las normas básicas de respeto a los Derechos Humanos.

Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos; en Venezuela el estado de derecho no existe ni siquiera como apariencia, ha dicho el secretario general de la Organización de Estados Americanos.

La alianza cívico militar que ha mantenido al chavismo en el poder está completamente desnuda.

Y mientras tanto en Ecuador se intenta aprobar a saltos y brincos una ley que pretende lo mismo, pero desde la superposición de los leales, de un proyecto político cualquiera, a unas instituciones creadas para la defensa de la institucionalidad democrática. Las guardias de un Gobierno sobre las Fuerzas Armadas y la Policía de un país.

Una Comisión de la Asamblea acaba de aprobar un libro que permite la creación de una fuerza civil que estará a cargo de la protección de las altas autoridades del Estados y que incluso podrán asumir el mando de las Fuerzas Armadas y la Policía, si las circunstancias lo ameritan.