WASHINGTON. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este 16 de agosto de 2024 por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación «de manera expedita» de las actas de las elecciones del 28 de julio de 2024 en ese país.
El texto, no vinculante, fue presentado en nombre de Estados Unidos y de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay en calidad de copatrocinadores.
La resolución insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a que «publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral» y «respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral».
El Consejo Permanente de la OEA se reunió este 16 de agosto con carácter extraordinario para votar un nuevo proyecto de resolución sobre la crisis postelectoral en Venezuela.
El canal televisivo de noticias NTN24 informó que los patrocinadores del texto también reclamaron para que se protejan y preserven «todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación”.
Este proyecto sigue a otro sobre la situación en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio que fue sometido a votación en el Consejo Permanente de la OEA el pasado 31 de julio y no contó con apoyo suficiente para ser aprobado.
En aquella ocasión 17 países votaron a favor, 0 en contra, 11 se abstuvieron y 5 delegaciones estuvieron ausentes.
La nueva resolución es producto de una sesión de negociaciones celebrada el 13 de agosto de 2024 y contiene modificaciones recibidas con posterioridad.
Venezuela vive desde el 28 de julio una anómala y crítica situación, pues el CNE proclamó ganador a Nicolás Maduro, el actual presidente, pero sin publicar las actas de votación mesa por mesa, algo que sí hizo la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en una página web para avalar su afirmación de que el ganador por un amplio margen fue su candidato, Edmundo González Urrutia.
Un panel de expertos de la ONU que estuvieron en Venezuela desde fines de junio hasta el 2 de agosto concluyó que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas tras las elecciones del pasado 28 de julio careció de las «medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles».
El Centro Carter de EE.UU., único observador internacional autorizado en esas elecciones, manifestó, a través de un comunicado el pasado 30 de julio, que el proceso electoral «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerada como democrático».
También ha habido denuncias contra las autoridades venezolanas en relación con la represión de las protestas opositoras en las calles para denunciar lo que califican como un «fraude» electoral, en las que murieron más de una veintena de personas y fueron detenidas más de un millar, según cifras oficiales.
La Cámara Electoral de la Corte Suprema de Justicia está realizando un proceso de verificación pericial de la documentación presentada por el CNE sobre el proceso y los resultados electorales, pero aun no ha concluido su tarea.
En medio de un creciente apoyo dentro y fuera de Venezuela a los reclamos de transparencia, países como Brasil y Colombia han sugerido soluciones como repetir las elecciones o conformar un Gobierno de .
Veintidós países y la Unión Europea también solicitaron la «inmediata publicación de todas las actas originales» de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y la verificación «imparcial e independiente» de los resultados de esos comicios, de acuerdo con una declaración suscrita en Santo Domingo.
«Toda demora» en esa verificación, «preferiblemente por una entidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas», pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el 2 de agosto, indica el texto, leído por el ministro dominicano de Exteriores, Roberto Álvarez, en el Palacio Presidencial en Santo Domingo junto a los firmantes de la declaración.
En el texto, Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Surinam, Portugal, República Dominicana, Uruguay y la Unión Europea (UE) hacen «un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela».
«En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas», añaden.
En el documento se urge al respeto de «los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular, el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión», lo que «no es la realidad actual en Venezuela. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación». EFE
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