La Unión Europea (UE) organizará esta próxima semana junto al Gobierno de Ecuador la segunda Conferencia Internacional de Consenso sobre Seguridad Penitenciaria y Ciudadana, un espacio de diálogo entre los diferentes actores sociales para acordar soluciones a la crisis de violencia e inseguridad causada por el crimen organizado.
Esta segunda edición se desarrollará del 6 al 8 de marzo en Quito, en el marco del conflicto armado interno declarado a inicios de año por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con el que pasó a considerar a las bandas criminales, dedicadas mayormente al narcotráfico, como grupos terroristas.
Así, la segunda Conferencia Internacional de Consenso sobre Seguridad Penitenciaria y Ciudadana en Ecuador reunirá nuevamente a expertos nacionales e internacionales, representantes de instituciones estatales, sociedad civil, periodistas y académicos para abordar los desafíos más apremiantes del país en materia de seguridad.
El bloque europeo realiza el encuentro a través del Programa de Respuesta de Emergencia de la Unión Europea para Fortalecer el Sistema Penitenciario de Ecuador (EURESP) y del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado entre Europa y Latinoamérica (EL PAcCTO).
También estarán presentes otras instituciones como el Programa Falcone-Borsellino, una iniciativa de cooperación contra el crimen organizado en Latinoamérica respaldada por el Gobierno de Italia y el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA).
Entre los participantes anunciados en esta cita están el mandatario Daniel Noboa, así como la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y la fiscal general Diana Salazar.
También se prevé que intervengan el director del Servicio de Instrumento de Política Exterior de la Comisión Europea, Peter Wagner; el subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Giorgio Silli, y la presidenta de la comisión parlamentaria Antimafia de Italia, Chiara Colosimo.
El objetivo del encuentro será promover un diálogo constructivo y compartir experiencias reales de otros países para identificar soluciones efectivas y aplicables que contribuyan a la construcción de un entorno seguro y pacífico, detallaron los organizadores de la Conferencia en un comunicado.
Los temas de discusión se centrarán en la actualización del marco jurídico, la relación entre el poder judicial y la administración penitenciaria, la clasificación y separación de los presos según su verdadero nivel de peligrosidad.
También se abordará la gestión de la seguridad de las prisiones intramuros y conexiones con la seguridad extramuros (inteligencia y gestión de crisis) y estrategias de coordinación internacional para luchar contra el crimen transnacional organizado (CTO), entre otros asuntos.
Asimismo, se revisarán los avances logrados desde la primera edición de este Conferencia Internacional, realizada en mayo de 2022, y se explorarán nuevas acciones concretas que puedan implementarse a través de EL PAcCTO 2.0 y EURESP.
La declaración del “conflicto armado interno” se dio tras una oleada de atentados y acciones violentas de las bandas criminales que incluyeron la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado durante una emisión en directo y motines simultáneos en diversas cárceles con unos 200 rehenes entre guardias y policías que lograron ser liberados después de casi una semana.
Estos episodios se dieron en el momento que el Gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su política de “mano dura” en las cárceles, muchas de ellas dominadas por bandas criminales, cuyas rivalidades desataron una serie de masacres carcelarias desde 2020 que dejaron más de 450 presos asesinados hasta el momento.
Esa violencia también se ha trasladado a las calles hasta hacer de Ecuador uno de los países más violentos de Latinoamérica, con 45 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, entre ellos fiscales, jueces y políticos como el candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Desde el inicio del “conflicto armado interno” las cárceles han pasado a estar intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de arrebatar el control interno a los grupos criminales, que tenían en ellas una gran fuente de financiación al cobrar cupos al resto de presos por comida, agua o espacios dentro de las celdas. EFE
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