La llamada ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, propuesta por el presidente de Argentina, Javier Milei, promete causar un ‘terremoto político y económico’ para una diversidad de sectores, incluyendo universitarios extranjeros.
En el proyecto, entregado ya al Congreso, Milei plantea varios cambios en el sistema educativo, como permitir que las universidades públicas cobren a los estudiantes extranjeros no residentes que deseen estudiar en el país suramericano.
Aunque, el documento sí permitiría implementar un sistema de becas para extranjeros, mediante convenios con otros países e instituciones.
“Respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”, señala el texto enviado por Milei.
Esta modificación causaría un revés para miles de estudiantes, algunos ecuatorianos, que por décadas han viajado al país sudamericano a estudiar.
Además, la ley plantea la creación de un examen final para los alumnos que hayan concluido la educación secundaria.
De aprobar el proyecto, los legisladores del Congreso permitirán que el Ejecutivo declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La emergencia sería al menos hasta el 31 de diciembre de 2025, pero podrá prorrogarse por dos años, lo cual abarca todo el mandato de Milei, quien ya dijo que no renovará contratos del sector público.
En total, el Gobierno propone una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales.
Otra propuestas de la ley
En el ámbito político, Milei pretende sustituir el actual sistema de elección de diputados, que se reparten proporcionalmente mediante el sistema D’Hont, por un sistema de circunscripciones o distritos uninominales como el que funciona en Estados Unidos o Reino Unido.
Además, el proyecto contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y la implementación de la boleta electoral única.
El proyecto también propone una reforma del Código Penal para elevar las penas a quienes “sin crear una situación de peligro común impidieren estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes”, que podrán ser sancionados con entre uno y tres años y medio de cárcel.
Incluso, quienes convoquen a más de tres personas y organicen una “reunión o manifestación” de este tipo podrán ser condenados a entre tres y seis años de prisión.
Mientras que en el campo de la privatizaciones, de pasar la ley el Gobierno podrá privatizar hasta 41 empresas estatales con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica.
Entre las empresas públicas sujetas a esta privatización que figuran en un anexo al proyecto están: Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles, la agencia de noticias Télam, la Casa de la Moneda o Nucleoeléctrica Argentina. Tras el envío del proyecto, la mayor central obrera sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó este jueves a una huelga general para el próximo 24 de enero en protesta contra Milei.
Tras el envío del proyecto, la mayor central obrera sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó este jueves a una huelga general para el próximo 24 de enero en protesta contra Milei.
Según informó la central obrera en un comunicado, también se convocó una movilización frente a la sede del Congreso de la Nación, entre otras medidas.
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