La Comisión de Desarrollo Económico aprobará informe de la Ley de Noboa este domingo 10 de diciembre

Las y los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta treinta días después de concluida. En este punto, el Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley.

El Proyecto de Ley de Eficiencia Económica fue enviado el 27 de noviembre por el presidente Daniel Noboa, con el carácter económico urgente, y busca generar empleo para superar la “grave” situación económica del país, tras la gestión de Guillermo Lasso.

Una vez que fue recibido, pasó a la aprobación del CAL y luego a la Comisión respectiva donde se inició con el trámite y la etapa de socialización.

En esta fase, conforme lo determina la Ley, la Mesa Legislativa recibió a 26 actores para que expusieran sus argumentos a favor o en contra. También registró 52 observaciones y aportes por escrito de parte de asambleístas, ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos o privados.

A las últimas comparecencias acudieron la presidenta de Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), Paola Pabón; y, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Pabón expresó su preocupación sobre la propuesta del Ejecutivo que prevé recaudar alrededor de USD 800 millones, mientras que la deuda que mantiene del Gobierno Central con los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados superaría los USD 1 700 millones.

El Congope sugirió, entre otros aspectos, que se destine el 30% de los recursos provenientes del otorgamiento de las concesiones del espectro radioeléctrico a los GAD, para cubrir las deudas pendientes que mantiene el Gobierno Central. También, derogar el incentivo para las empresas de telecomunicaciones que les permite pagar parte de sus obligaciones con el Estado.

Pabón propuso además que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) vuelva a ser del 5%, que de acuerdo con la ley vigente en 2024 será de 2%, para que el diferencial de la recaudación (3%) se destine directamente al pago a los GAD. Afirmó que el ISD no afecta a sectores con menores ingresos.

De su lado, Pabel Muñoz planteó que la norma establezca claramente los mecanismos de asociación con el sector público sobre los que se aplicaría la Ley, ya que las distintas modalidades contractuales como concesiones y alianzas estratégicas tienen sus propios reglamentos.

Sugirió normar los procedimientos para aprobar las Asociaciones Público Privadas y alianzas estratégicas en los distintos niveles de gobierno, en donde exista una participación activa de los concejos, comités o directorios, según sea el caso, de acuerdo con lo que establece la Ley de Empresas Públicas.