El salario básico unificado (SBU) es una herramienta fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, su fijación no debe responder a criterios políticos, sino técnicos, que consideren la realidad económica del país y de las empresas. De lo contrario, se corre el riesgo de generar más desempleo, informalidad y pobreza.
Según el último reporte del INEC, el 65% de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado. Esto significa que no reciben el SBU, ni beneficios sociales, ni seguridad social. Aumentar el SBU sin tomar en cuenta la capacidad de pago de los empleadores podría agravar esta situación, al reducir la demanda de mano de obra formal y aumentar los costos laborales. Por ejemplo, el FMI ha advertido esta semana que el alza del salario mínimo en Europa Central prevista para el próximo año puede causar inflación o pérdidas de empleo.
La decisión sobre el SBU debe tomarse en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, donde participan representantes de los trabajadores, empleadores y Gobierno. Este órgano debe analizar los indicadores económicos y sociales, así como las proyecciones de inflación y crecimiento, para determinar el incremento salarial más adecuado. En caso de no haber consenso, se debe aplicar lo que establece el artículo 118 del Código del Trabajo: ajustar el SBU según el índice de precios al consumidor proyectado. La fijación de orden político afecta el ecosistema de negocios y tampoco genera popularidad política, porque la mayoría de la población económicamente activa no tiene empleo adecuado y medidas antitécnicas como estas la alejan más de obtenerlo. Lo peor de los dos mundos.
Los negocios están siendo afectados por los cortes de energía eléctrica y la inseguridad. Probablemente también los perjudicará el fenómeno de El Niño. Los Gobiernos deben reconocer esos factores e implementar medidas técnicas que mejoren el clima de inversión y la productividad, para que las empresas puedan crear más empleo formal y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Solo así se podrá lograr un desarrollo sostenible e inclusivo para eliminar las brechas sociales.
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