Las contrataciones irregulares en la Prefectura de Pichincha no son nuevas. Al menos eso revela un examen especial hecho por la Contraloría General del Estado entre 2020 y 2022.
El informe señala que, en ese periodo, fueron contratadas cerca de 110 personas con nombramientos de libre remoción y provisional, contratos de servicios ocasionales y profesionales. Para cubrir sus salarios se gastaron 3,6 millones de dólares, pero el 50% no tuvo ninguna justificación, según un informe de la Contraloría.
Incluso una de las conclusiones señala que ha existido nepotismos, ya que en ese tiempo se dieron contrataciones de personas con vínculos de hasta cuatro grado de consanguinidad, sin justificación.
Este informe se aprobó a mediados de 2023. Sin embargo, la Contraloría analiza la pertinencia de hacer otro examen tomando en cuenta el caso de Soledad Padilla, exasesora de Jorge Glas, quien lo denunció por acoso y que – mientras laboraba con él, contaba en la nómina de la Prefectura de Pichincha, entidad que admitió que la exasesora de Glas laboró en esa institución desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2023.
En la Prefectura de Paola Pabón, Padilla fue asistente de promoción turística 2. Y ascendió hasta directora técnica de apoyo: su sueldo era de 1920 dólares. Pese a que ya hay un examen en marcha, fue con el escándalo de Padilla que los funcionarios de Quito, Pabel Muñoz, alcalde, y Paola Pabón, prefecta, han señalado tener pedidos de información sobre el caso de Padilla, que – según el informe de Contraloría– no es nuevo, ni es el único de contrataciones irregulares.
Con información de La Hora
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