Tras el impase diplomático entre Ecuador y Argentina por la fuga de María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas del correísmo, de la embajada argentina, en Quito, la Cámara de Diputados de Argentina resolvió realizar una solicitud con información al Poder Ejecutivo Nacional (Alberto Fernández), a través de las autoridades pertinentes, con respecto a lo ocurrido en su sede diplomática.
Una de sus principales inquietudes es una presunta reunión el viernes 10 de marzo, tres días antes de la notificación del escape de Duarte, que se habría realizado en la embajada y que contó con la presencia de representantes de varios países, y en particular, con la del embajador de Venezuela, que le podría haber facilitado el acceso a su vehículo oficial a la exministra.
La Cámara de Diputados de Argentina, en cinco puntos exhortaron a que se los informe:
En su resolución reconocen también que por lo suscitado en los últimos días se “ha originado un grave e irresuelto conflicto diplomático con la hermana República de Ecuador” y que culminó con la expulsión mutua de los embajadores argentino en Quito, Gabriel Fuks, y del ecuatoriano Xavier Monge Yoder en Buenos Aires.
Como sus fundamentos manifiestan su preocupación por los “insistentes rumores” de que su “personal diplomático habría facilitado el escape de la señora Duarte en un acuerdo espurio con diplomáticos venezolanos”, aunque señalan que no es una versión confirmada, pero que es “proveniente de fuentes confiables”, por lo cual considera que “es necesario confirmar o desmentir en beneficio de la transparencia y el respeto a las reglas del multilateralismo, que podrían haber sido severamente dañados”.
Señalan que de por sí el “episodio era ya suficientemente grave, y seguramente exigió una extraordinaria mesura por parte del Gobierno ecuatoriano, cuando la situación se complicó gravemente por el escape de la señora Sra. Duarte Pesantes de la sede diplomática argentina, ocurrido de manera difícilmente explicable”.
Duarte, quien fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, se encontraba en la embajada argentina de Quito en calidad de refugiada desde agosto del 2020.
En diciembre del 2022, Argentina le otorgó el asilo diplomático y ella solicitó a Ecuador que se le otorgara un salvoconducto para salir del país, pero este le fue negado.
Con información de La República
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