No hay peor ciego que el que no quiere ver

jueves, marzo 24, 2022

De la lectura de la propuesta de Ley de Inversiones (...) hay muy buena argumentación que la justifica técnicamente y es coherente con el mundo actual. Por ello no entiendo por qué la niegan, por qué se oponen

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Existe un juego llamado Word Lanes[1] donde el propósito es contradecir un argumento o una palabra y tiene varios niveles que aumentan en complejidad. Como los asambleístas no tienen otra cosa que hacer, se contradicen. Parecería que son los inventores del juego o por lo menos les entrevistaron para comprender por qué contradecir.

De la lectura de la propuesta de Ley de Inversiones enviada en febrero por la Presidencia de la República a la Asamblea, puede colegir que hay muy buena argumentación que la justifique técnicamente y segundo que la propuesta de ley es coherente con el mundo actual. Por ello no entiendo por qué la niegan, por qué se oponen. En mi modesto criterio está claramente expresada con sustento técnico, claros los conceptos y los mecanismos, la institucionalidad y los procedimientos generales. Es de locos oponerse, solo quieren oponerse por oponerse, es decir están jugando, que no sería tan malo. Pero si se oponen porque pierden su tajada, es muy malo. Saben que la administración Lasso se les adelantó y se quedaran sin nada o simplemente por que tiene rabo de paja y saben que de aprobarse esta ley no tendrán más oportunidades para la corrupción.

La propuesta de ley tiene como objeto: la creación de oportunidades mediante la atracción de inversiones, para generar empleo, eficiencia y mejoras regulatorias entre otras. Su primer objetivo específico es acelerar la inversión pública con participación privada. Muy claro ¿verdad? El Libro I: Inversión y promoción de la gestión delegada y asociaciones público privadas tiene como objeto normar la participación del sector privado y de la economía popular y solidaria. Para anclar bien la propuesta, se define:

La oposición, a la propuesta de ley, sería interpretada como que no quieren que haya más inversiones, más empleo, más eficiencia y menos corrupción, más regulación eficiente, más bienestar. Es inentendible, ¿no es cierto? La lógica me lleva a comprender que si se oponen es porque no quieren que la iniciativa privada gestione lo que el Estado debe hacerlo. Básicamente, quieren que el Estado lo siga haciendo a través de su institucionalidad o de sus empresas públicas (EP). La pregunta del millón ¿por qué lo quieren así? Por mantener sus prebendas políticas, su tan ansiado poder y sus fuentes de ingresos (extras).

Las políticas públicas han dado un giro muy importante hacia la equidad e inversión social efectiva mediante: Promoción de la competencia; Fortalecimiento Institucional; Participación privada en ciertas actividades; Redefinición de marcos regulatorios; Revisión de las políticas de subsidios; Logro del equilibrio económico-financiero para una gestión pública efectiva; y, Nueva visión sustentable.

Por tanto, la revisión del rol del estado y las políticas públicas, luego de muchos diálogos técnico políticos, se ha aterrizado. Ahora se busca que un estado:

1) Oriente la modernización y la conservación;

2) Se desvincule del rol de estado el ser productor de bienes y servicios y fortalezca el de regulador y controlador, teniendo en cuenta la participación privada.

3) Articule la concertación entre los niveles nacional, intermedio y local de gobierno; y,

4) Aplique instrumentos y mecanismos de regulación claros.

Uno de los mecanismos para la desvinculación son las empresas públicas (EP). Éstas existen, en teoría económica, para:  A) Mejorar las decisiones de las empresas privadas cuando existen monopolios y externalidades o para B) Fijar precios que reflejan de mejor manera los costos marginales sociales.

La evidencia empírica contradice esta razón tradicional porque: 1) Las EPs son altamente ineficientes y éstas son explícitamente demandada por los políticos que buscan votos, beneficios personales o por favoritismos políticos; 2) las EPs no resuelve las fallas del mercado, son normalmente generadoras de contaminación, fijan los precios por debajo del costo marginal para ganar votos o precios monopolísticos; y, 3) las EPs pueden tener objetivos políticos solamente.

¿A qué se debe su ineficiencia? En general, el desempeño deja mucho que desear: es menor a todos los niveles de utilidades; tienen altos niveles de endeudamiento y préstamos de corto plazo; y, muestran baja capacidad de utilización y niveles bajos de productividad laboral. Latinoamérica está llena de ejemplos en México, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil. Por tanto, no es conveniente, aun cuando existen recursos, que el estado entregue obras o servicios que bajo un esquema moderno de delegación pueda hacerlo el privado de forma más eficiente. Así, el costo de oportunidad de esos recursos será mejor aprovechado por la sociedad.

He oído con sorpresa a periodistas con cierto grado de preparación criticar la propuesta porque, los servicios públicos se encarecerían pues el sector privado tiene fines de lucro y el Estado no. En principio parecería que así es, pero no es. Si tengo que gastarme un día de mi trabajo en un trámite público, así su costo sea cero, significa que gaste un día de mi salario. Por el contrario, la participación privada lleva intrínseco la mejora en eficiencia para que el mayor costo sea absorbido por la ganancia en eficiencia. Esto es lo que el estado, por medio de la regulación, debe controlar y castigar en caso de incumplimiento. No el precio de servicio.

La posibilidad de que un Estado sea empresario eficiente existe, pero las restricciones a las que se enfrenta son muy fuertes para la normativa vigente.

La posibilidad de que un Estado sea Normador, Controlador, Regulador y Sancionador existe, pero requiere recursos Humanos, Técnicos, Tecnológicos, Financieros, Políticos y Ambientales y se asienta en la cultura y educación de la sociedad y su nueva visión.

Entre estos dos extremos existen opciones válidas aplicables sobre la base de un conocimiento claro del modelo de desarrollo que guía el funcionamiento del Estado. Una de estas, es la que está proponiendo la Administración Lasso, la gestión delegada y las alianzas público privadas, para evitar que el Estado sea empresario, desperdiciando recursos o dando oportunidad a los corruptos de siempre.

Los asambleístas no quieren mirar más allá de sus narices, pues cualquier cambio, cualquier innovación les produce erisipela y amenaza su status quo, por ello se oponen. El presidente Lasso debe enfatizar su visión y su ética, no ha lugar al obstruccionismo político. Ah, y por favor converse con los periodistas antes de cualquier otra propuesta ellos deben comprender bien y profundamente la propuesta para que puedan difundir a la sociedad de manera clara e, inclusive, invitar a quienes no están de acuerdo para que expongan sus criterios o percepciones y así construimos un país mejor.

[1] / Desarrollado para Apple, https://apps.apple.com