Los escándalos de corrupción se denuncian ahora sin miedo a las sabatinas. Las investigaciones se inician inmediatamente. La Fiscalía realizó varios allanamientos en el caso de uso fraudulento de los carnés de discapacidades que da acceso a las personas de ese sector a una serie de beneficios, entre ellos los arancelarios. Todos ahora suspendidos. Los argumentos de los involucrados ha sido intentar banalizar esos actos. Y hasta hallan señales de respaldo. ¿Cómo sociedad hemos normalizado la corrupción?
“La corrupción en el país se ha evidenciado no durante los últimos 13 años, sino históricamente –escribe Julieta Herrería, de la Universidad Casa Grande en DIALOGUEMOS-. Como sociedad somos bastante cortoplacistas y no hemos sido capaces de recordar la historia de las administraciones pasadas, para entender los errores cometidos y así plantear soluciones para mejorar la calidad de la gestión pública”.
Uno de los peores cánceres de la sociedad ha sido la impunidad. Una impunidad garantizada en el anterior Gobierno en sus círculos políticos íntimos. Un fiscal amigo del expresidente, un excontralor de lujo amigo del expresidente, un expresidente del Consejo de la judicatura encargado de perseguir a los administradores de justicia, una Asamblea que funcionaba como una Intendencia del expresidente…
Hay un sistema perverso que sigue activo; un sistema que imagina los dineros públicos como la oportunidad para comprarse yates y carros de lujo, mientras la sociedad ve cómo su vida va en franco deterioro en medio de una emergencia sanitaria. Si alguien hizo un uso fraudulento de los carnés de discapacidad debería ser sancionado con el mayor rigor de la ley, sobre todo porque las personas que en realidad sufren alguna discapacidad desistieron del vía crucis de tramitar ese documento para no morir en el intento.
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