Una vergüenza para el país constituye tener un expresidente de la República con orden de prisión preventiva y difusión roja internacional, por haber atentado contra los derechos humanos habiendo sido mandatario de un país que siempre los respetó como política de Estado.
Sí, causa mucha vergüenza que sobre el expresidente Rafael Correa hayan recaído estas medidas dispuestas por la jueza nacional Daniella Camacho, por haber atentado contra el ciudadano Fernando Balda, quien sufrió un intento de secuestro hace varios años -en Colombia-, un suceso rocambolesco que contó con la participación de agentes de la Senain que actualmente guardan prisión y fue ordenado por el mismísimo Correa, según ha declarado el ex titular de ese organismo Rommy Vallejo.
Empero toda la corrupción que se refiere al atraco a fondos públicos sigue sin ser sancionada, no puede ser que en el Ecuador se haya producido un asalto monumental a los fondos públicos y el principal actor no haya sido castigado por estos hechos. Desde luego, no está probado aún que Correa haya sido partícipe, pero es difícil creer que no haya sabido nada. Aunque ahora está de moda la amnesia política: decir que no se conocía lo que pasaba bajo sus narices.
La impunidad sobre estos actos podría convertirse en argumento que podría ser utilizado por el encausado para decir que es perseguido político. Desde luego, el caso Balda no es un tema menor, por lo que hay claros motivos para que la mano de la justicia vaya tras un delincuente violador de derechos humanos.
Al gobierno de Lenín Moreno le corresponde actuar internacionalmente para conseguir que Correa venga a dar la cara ante el país. Ojalá que el Reino de Bélgica (donde reside el expresidente) no salga con la sorpresa de que el anterior gobernante es ciudadano belga no puede extraditar a sus conciudadanos. Esto, porque últimamente la condición migratoria protege mucha delincuencia internacional; ya ocurre con los extraditables ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos.
Esperemos que el gobierno persista en la lucha contra la corrupción y más allá de hacernos conocer los casos sancionar a los culpables. Por ejemplo, la Contraloría ha determinado que los actos del partido se financiaban con recursos del Estado, algo que siempre sospechamos pero ahora existen pruebas, no obstante nadie ha sido sancionado y así por el estilo la impunidad sigue campante y rampante. Hay mucha alcahuetería, parafraseando al expresidente Carlos Julio Arosemena.
Ahora tenemos un expresidente con orden de prisión y difusión roja internacional y un exvicepresidente (Jorge Glas) en la cárcel. Típico de una república bananera.
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