En una nueva audiencia del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, la Fiscalía de Estados Unidos presentó la grabación de una conversación entre el capo mexicano y un hombre con acento colombiano al que identificaron como un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quien presuntamente negocia la venta de seis toneladas de droga desde Ecuador.
El negociante de las FARC ofrece al Chapo por $2,1 millones, por cada tonelada, la entrega del cargamento de coca en Guayaquil y le garantiza ponerle toda la seguridad hasta que arranque para el domicilio o el punto de entrega fuera de Ecuador. Le dice que es para concretar su primer negocio.
El Chapo desde el comienzo le plantea la compra de dos toneladas en efectivo, más otras cuatro pagadas con propiedades puestas como garantía que serían revertidas una vez que todo el dinero del cargamento sea entregado a las FARC, en efectivo, sin ningún depósito.
En Ecuador, de lo que se deduce por la conversación, estaba el sobrino del Chapo para entregarle al delegado de las FARC los $8,4 millones en propiedades como garantía de pago por cuatro toneladas de coca más. Cuando el sobrino le avisa que los futuros socios de las FARC deseaban $50 mil como adelanto, el Chapo reconoce que en ese momento no tenía dinero en Ecuador, pero le hacía llegar los $2,1 millones inmediatamente después de que su experto revisara la calidad de la cocaína.
En una parte de la grabación se oye al Chapo preguntarle por un número de cuenta para hacer ese depósito, pero el interlocutor de acento colombiano le dice que ellos no manejan ese modus operandi.
“Me dice mi sobrino que usted tiene 6 (toneladas) y si se le pagan 2 y media, usted las pone en Guaya (Guayaquil, Ecuador), se escucha al Chapo. “Yo me muevo siempre y cuando, como quedamos, que el 50% me lo dejen depositado ($2,1 millones, $2 millones por la carga entregada en Guayaquil con toda la seguridad posible y $100 mil por el transporte fuera de Ecuador). Y arranco inmediatamente para allá” (el lugar donde un especialista de Guzmán debía comprobar la calidad de la coca).
Es la primera prueba que presenta la Fiscalía estadounidense para incriminar directamente al Chapo, ya que durante el primer mes del juicio se apoyó en testimonios de testigos protegidos o de agentes de las fuerzas de seguridad que participaron en operaciones para interceptar la droga que entraba en Estados Unidos. La llamada con el representante de las FARC se interceptó en secreto. No se reveló qué agencia realizó la grabación, solo que data de mayo de 2010.
El testigo protegido, Jorge Cifuentes, un narco colombiano conocido como El J, había asegurado que el cartel de Sinaloa estaba comprando droga a la guerrilla colombiana. Pero que El Chapo no estaba conforme con la calidad de la cocaína que estaba recibiendo. “Llega muy baja”, se le oye decir en el fragmento de la conversación telefónica, “se trata de que las cosas estén buenas”, insiste el Chapo cuando su interlocutor le dice que si algún cargamento estaba malo no se lo pagaba.
Cifuentes explicó al concluir la grabación que no tiene constancia de que se realizara el envío y que la llamada fue interceptada porque el ingeniero a cargo de las comunicaciones no renovó la licencia para utilizar el sistema de encriptado. “Era una persona irresponsable”, el sexto testigo que pasa por el estrado en la sala presidida por el juez Brian Cogan.
El líder del Cartel de Sinaloa enfrenta 11 cargos por actividades de narcotráfico por los cuales podría ser sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
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