Corrupción en Petroecuador: por apelar les aumentaron la pena pecuniaria de $37,8 millones a $50,4 millones

viernes, julio 20, 2018

El Tribunal dispuso, además, que se remita a Fiscalía el expediente para que inicie investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos y delincuencia organizado

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El Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), conformado por los jueces Daniella Camacho, Édgar Flores y Richard Villagómez, aumentó la pena pecuniaria en contra de 10 sentenciados por el delito de cohecho en la estatal Petroecuador.

El Tribunal  ratificó la pena privativa de libertad de 5 años para los autores y 2 años y 6 meses para los cómplices del delito de cohecho relacionado con actos de corrupción en Petroecuador. La sentencia fue modificada en la restitución al Estado pues, además del pago del triple del perjuicio, que es $37.813.886,60, deberán asumir la reparación material e inmaterial al afectado (Petroecuador), por un monto de $12,6 millones; es decir, la pena pecuniaria subió a $50,4 milones.

Los jueces senetenciaron a Sonia C. como autora del delito, más no como cómplice, y se declaró extinta la figura penal de encubrimiento para Jalice H. El Tribunal determinó como autores del delito a Carlos P. Y., Álex B., Paquita M., Arturo E., Glenda M., Ramiro L., Humberto G., Juan B., Jaime B., Arturo P., Sonia C. y como cómplices a Yolanda P y Carlos P. A.

El recurso fue presentado luego de que el 13 de octubre de 2017, el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de primera instancia, en contra de 10 personas como culpables en calidad de autores del delito.

La Fiscalía había determinado que un grupo de funcionarios públicos junto con contratistas del sector petrolero entregaron y recibieron dinero, creando empresas offshore para mover recursos que provenían de contratos relacionados con la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

El Tribunal dispuso, además, que se remita a Fiscalía el expediente para que inicie investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos y delincuencia organizada.