Ecuador, un país desinstitucionalizado

viernes, abril 27, 2018

Tenemos un contralor provisional, un procurador provisional, ahora también un fiscal provisional. Todos los organismos de control tienen una provisionalidad que debe superarse y volver a reinstitucionalizar la nación.

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Con la resolución de censura y destitución tomada anoche por la Asamblea Nacional, el paso de Carlos Baca Mancheno por la Fiscalía General del Estado, termina como empezó: con una serie de ambigüedades que lo llevaron, incluso, a renunciar a su relación con el expresidente Rafael Correa, de quien fue devoto servidor durante el periodo que le tocó acompañarle en calidad de asesor político.

La imagen que deja el destituido funcionario es que cumplía órdenes de terceros y que la administración de la Fiscalía no se regía en apego a las leyes sino a la política. Esto comprende el dictamen fiscal en el bullado caso Odebrecht que dio lugar a una sentencia de seis años de prisión para el exvicepresidente Jorge Glas, por el delito de asociación ilícita, lo que equivale a una condena de “cuatro reales cuando esta debería ser de diez dólares”.

A mi modo de ver, lo más llamativo de la comparecencia se produjo cuando el todavía fiscal señalo que el motivo de su comparecencia, esto es no haber judicializado el audio de una conversación telefónica entre el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor General del Estado, el prófugo Carlos Pólit, en el que hablan de “bajarlo” del cargo, ponía en peligro la institucionalidad de la república porque los dialogantes habían urdido un complot en su contra.

En contraste -agregó el interpelado- la Asamblea no mostró sorpresa alguna por el hecho de que su entonces titular hablara de botarlo de la Fiscalía nada menos que con un personaje que se encuentra en condición de prófugo de la justicia, con el fin de desinstitucionalizar al país. De ese modo, los legisladores manejaron un doble estándar, señaló.

En definitiva, el político a Baca no hizo más que confirmar la descomposición nacional. Y es hora de ponerle un remedio, de ahí que el proceso para designar al nuevo fiscal demanda una acción rápida del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (convocatoria a concurso, evaluación y otros procedimientos), que no puede frenarse por el pedido de un legislador como Daniel Mendoza, que ha elevado una consulta a la Corte Constitucional sobre los alcances de la labor del Consejo.

En esto hay que tener claro que más allá de las atribuciones otorgadas por el pueblo en la consulta popular del pasado 4 de febrero, las cuales pueden tener ciertos parámetros, una vez que fueron designados los consejeros sido tienen las facultades consagradas en la Constitución vigente.

Los ecuatorianos estamos presenciando una desinstitucionalización del país. Tenemos un contralor provisional, un procurador provisional, ahora también un fiscal provisional. Es decir, todos los organismos de control tienen una provisionalidad que no puede darse luego haber transcurrido casi un año de la Presidencia de Lenín Moreno. Hay que superar esta situación y volver a reinstitucionalizar la nación.