Aunque la Pro forma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional hace pocos días, registra un aumento del 2% en relación al Presupuesto del año anterior, algunas acciones anunciadas por el presidente Lenín Moreno ponen de manifiesto la intención de no incrementar el gasto público.
La elaboración de un presupuesto estatal es comparable al manejo del gasto por parte de una familia. El consumo debe ser acorde a los ingresos, además tiene que evitar desembolsos innecesarios cuando los recursos no entran en forma permanente ni son crecientes. Parecería ser que primó este punto de vista en el diseño de la Pro forma.
El presidente Lenín Moreno no recibió la “mesa servida” en materia económica y, por si fuera poco, el anterior gobierno dejó como herencia una deuda de $57 mil millones. Por eso bien sabe que debe reducir los gastos improductivos, definir qué proyectos se pueden ejecutar en el corto plazo, diferir los que pueden esperar un tiempo más largo y, simplemente, no realizar los superfluos.
No obstante, el modelo de la revolución ciudadana se mantiene. Así lo confirma el hecho de que los rubros más altos vayan destinados a los sectores de Educación ($5,1 mil millones) y Salud ($2,7 mil millones). Pero esta vez el molde tiene una variante significativa: el involucramiento del sector privado.
La estrategia propuesta por el presidente de la República, de impulsar la producción privada y de alcanzar acuerdos para lograr, en forma conjunta, superar la recesión y pasar al estado de avance económico, configura un escenario totalmente distinto a la postura del pasado régimen que optó por relegar al sector privado.
El cambio de actitud implica realizar una reforma tributaria, revisar o eliminar la Ley de Plusvalía, introducir cambios en el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), entre otras decisiones. En resumen, los “nuevos vientos” pasan por otorgar todos los incentivos posibles a la inversión privada, lo cual, a su vez, permitirá la llegada de la inversión extranjera.
Según la Pro forma, que asciende a $36.818 millones, la principal fuente de financiamiento proviene de la recaudación tributaria proyectada en alrededor de $15 mil millones. El cálculo luce demasiado optimista, porque las empresas apenas empiezan a mostrar una leve recuperación de la crisis que les afectó el año pasado.
Para percibir un ingreso tributario en los niveles que aspira el gobierno, tiene que registrarse un aumento sustancial de las ventas. Aquello todavía no se advierte y, a cuatro meses de que termine el año, se avizoran pocas probabilidades de un cambio radical de la situación.
La principal fuente de financiamiento proviene de la recaudación tributaria proyectada en alrededor de $15 mil millones. El cálculo luce demasiado optimista, porque las empresas apenas empiezan a mostrar una leve recuperación de la crisis que les afectó el año pasado.
En todo caso, una vez que los ingresos han sido calculados, el presidente ha anunciado algunas medidas que pueden compensar la reducción de lo proyectado. La puesta en venta de los bienes incautados a cargo la empresa Inmobiliar, los vehículos de lujo que tiene el gobierno, la enajenación de uno de los dos aviones presidenciales, la reducción de un 10% los sueldos de los funcionarios de nivel jerárquico superior… reflejan ciertas señales de austeridad.
En conjunto, las medidas no representarían más de $300 millones, aunque, en caso de que los ingresos no igualen las estimaciones, al menos se verá la intención de reducir el dispendio, pues los gastos de mantenimiento del avión, de los bienes, los actuales sueldos de los ministros ya constan en el presupuesto pero no será necesario realizar esos desembolsos.
En síntesis, la Pro forma dice: “no bajo mis impuestos, no bajo mis proyecciones, pero trabajaré en la disminución del gasto”, especialmente el que ha sido tan cuestionado durante los últimos 10 años. Así, daría la impresión de que se han movido todas las piezas posibles para evitar un reajuste del presupuesto.
Otro cálculo optimista (aunque no demasiado) del equipo económico es el valor de $41,69 del barril de petróleo fijado en la Pro forma. Los últimos tiempos, el precio del crudo referencial WTI (West Texas Intermediate) ha oscilado entre $46 y $49, a esto se añade que el petróleo ecuatoriano tiene un castigo promedio de $9. Por estos motivos hubiera sido deseable que el precio se ubique en un valor menor.
Durante el último medio año el precio internacional del crudo ha tenido pocas variaciones, ojalá que la tendencia se mantenga, porque, en caso de registrar una caída, el efecto sería contraproducente.
La previsión de pago, por más de $7 000 millones por el servicio de la deuda es abultado (sin contar con que se requieren unos $8 000 millones para financiar el déficit fiscal). En el proceso de reingeniería, el gobierno tendrá que analizar qué deuda puede alargar y cómo puede pagar las obligaciones de corto plazo. De lo que ha trascendido, una de las estrategias que se analizan sería endeudarse a largo plazo para pagar la deuda de corto plazo.
La deuda es una carga muy pesada y al gobierno se le acorta el tiempo para las definiciones. Hasta fin de año, máximo a inicios del próximo, tendrá que decidir cómo encaminará la renegociación de la deuda, principalmente con China. Por ventas anticipadas de petróleo, el país tiene empeñados con esa nación entre 500 millones y 600 millones de barriles.
En este campo, el gobierno tiene un camino difícil, aunque hay señales de que quiere cambiar el actual estado de cosas. Por ahora está claro que se acabó la era del despilfarro, ya no existe la gallina de los huevos de oro que representó la época de los altos precios del petróleo, cuando el país recibió los mayores ingresos de su historia. En todo caso, en septiembre se verá si estos anuncios se concretan. El Presupuesto Cuatrianual será la hoja de ruta que aplicará el gobierno durante su ejercicio.
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