El sector del transporte ha sido una clase privilegiada durante los últimos diez años del Gobierno anterior. La cercanía les permitió mantener subsidios a cambio de evitar la paralización del servicio, en reiteradas ocasiones. Algo prohibido en la Constitución. Cualquier amenaza de paralización, sin embargo, no era respondida con la contundencia de la Ley, sino con negociaciones a puerta cerrada, con un pliego de peticiones bastante amplio.
Así no solo obtenían subsidios sino acceso a determinados privilegios como los planes de chatarrización, importaciones con menos impuestos, etcétera. El gremio del transporte se volvió tan poderoso que pudo constituir su propio frente político para ir a las elecciones en alianza con el oficialismo.
Con el traspaso de las competencias del Gobierno central a los Gobiernos locales justo cuando el dinero del petróleo dejó de manar por la brusca caída de los precios, la contraparte de los sectores del transporte fueron otros. A los Municipios les tocó lidiar con un sector acostumbrado a mandar y en sus condiciones.
El transporte público de las ciudades logró mantener los subsidios y la revisión de la tarifa del servicio en las principales ciudades del país. Y ahora vuelven por más en Quito. Como primera medida de demostración de fuerza, los transportistas anunciaron la paralización del servicio. Al parecer, negociaciones de última hora lograron levantar la medida.
Pero ya debería ser hora de que las autoridades dejen de estar sometidas a la presión de un sector acostumbrado a obtener privilegios sin dar mucho a cambio, porque la queja de los usuarios sobre la calidad del servicio no ha cambiado. El irrespeto a las reglas de tránsito todavía se mantiene.
Los principales Gobiernos locales han cambiado mucho la cara del servicio de transporte público en muchos sectores, pero al parecer hay otros que se niegan al cambio, que mantienen como opción seguir presionando por privilegios sin más propuestas que las de las amenazas.
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