Caracas volvió a sumirse en el caos por segundo día consecutivo. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha dispersado con gases lacrimógenos y agua a los integrantes de la marcha opositora que pretendía llegar hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital.
Un joven de 19 años murió tras recibir un disparo en el pecho durante la protesta opositora la noche del jueves a las afueras de Caracas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, una jornada en la que resultaron también resultaron agredidos por golpes y asfixia líderes políticos y al menos un fotoperiodista.
Jairo Ortiz falleció “debido a una herida de bala a la altura del tórax” cuando efectivos militares llegaron a disolver un bloqueo de vía por parte de manifestantes en la urbanización de Montaña Alta, cerca de la capital venezolana, confirmó a la AFP Miguel Mederico, director de Prensa y Relaciones Institucionales de la policía del estado Miranda.
El presidente Nicolás Maduro había informado que 30 personas fueron detenidas durante la violencia que se generó este jueves en la autopista Francisco Fajardo. Previamente, el vicepresidente Tareck El Aissami habìa afirmado que se trataba de 21 personas.
El Aissami, en una rueda de prensa, había dicho que la movilización opositora tenía el propósito de llegar al Palacio de Miraflores, y no hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, según citó diario El Universal de Caracas.
Los manifestantes protestaban para pedir apoyo al defensor del Pueblo contra los magistrados responsables de elaborar dos sentencias que usurparon las labores de la Asamblea Nacional y retiraron la inmunidad a los parlamentarios. La llamaron “tranca contra el golpe”.
En respuesta, el chavismo llamó a sus seguidores a concentrarse en el centro.
La tensión se ha incrementado esta semana porque la oposición considera que el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de las aclaratorias de las polémicas sentencias, ha convertido al Parlamento, en el que son mayoría, en un foro político sin trascendencia.
Las protestas de los días previos han dejado decenas de detenidos y heridos en Caracas y en otras ciudades del país, pero también les han dado a los adversarios del régimen la excusa que estaban buscando para intentar recuperar la iniciativa política, que habían cedido en octubre cuando aceptaron conversar con los delegados del presidente Nicolás Maduro para buscar una salida política a la crisis.
La Defensoría del Pueblo forma parte del Consejo Moral Republicano, instancia a la que la directiva del Parlamento ha concurrido para solicitar que califique la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional que avalaron la usurpación de poderes del Parlamento.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha asegurado que la instancia, que también integran la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, ha declarado improcedente la solicitud de la directiva opositora de la Asamblea Nacional, que aspiraba que se calificara como falta grave los referidos fallos de la Sala Constitucional, porque el Supremo ya aclaró el alcance en dos decisiones posteriores.
Esta decisión supone un mazazo en las aspiraciones de la bancada de la Mesa de la Unidad, la coalición de partidos opuestos al régimen, de remover a los togados en una sesión del Parlamento. Y ha sido también el fin de un día caótico.
La policía formó un cordón en plena autopista, cerca de la Plaza Venezuela, para bloquear el paso de dirigentes y manifestantes y dispersarlos con gases lacrimógenos y agua. Los barrios vecinos quedaron ahogados en una nube tóxica que provocaba ardor en los ojos y la garganta.
Fue una represión brutal dirigida por el ministro del Interior Néstor Reverol, denunció el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, en una posterior rueda de prensa, en la que reivindicó las razones de la protesta: “Estamos defendiendo las leyes, la Constitución, todos los venezolanos tenemos el deber de restablecer el hilo constitucional, así está plasmado en el artículo 333 de la Carta Magna”.
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