El presidente Donald Trump ordenó la construcción de un muro entre México y Estados Unidos con la firma de un decreto para reforzar la frontera, con el argumento de que la inmigración provoca inseguridad y crimen en Estados Unidos. La firma del Decreto coincide con la visita a la Casa Blanca del secretario mexicano de Exteriores, Luis Videgaray.
El documento insta a la “construcción inmediata de un muro físico”.
Con Trump se abre así una nueva etapa de repliegue. La última ronda de órdenes ejecutivas o decretos, centrados en la inmigración, puede marcar el fin de décadas en que Estados Unidos se ha abierto a la inmigración, o ha mantenido una política relativamente laxa con los millones de inmigrantes sin papeles.
“¡Construye el muro!” fue uno de los eslóganes de los seguidores en Trump en la campaña electoral. En los mítines, el entonces candidato establecía un diálogo teatral. “¿Y saben quién construirá el muro?”, preguntaba Trump. “¡México!”, respondía el público.
El documento, que Trump firmó en una ceremonia en la sede del Departamento de Seguridad Interior, en Washington, contempla redirigir fondos ya aprobados hacia el refuerzo de la frontera. El dinero debe servir para iniciar el proyecto, pero el presidente necesitará que el Congreso apruebe más fondos para construirlo. Se ha evaluado el coste total entre 14.000 y 20.000 millones de dólares.
Trump, como proclamaba en sus mítines, sigue insistiendo en que, aunque al principio pague el contribuyente estadounidense, la factura la acabará asumiendo México.
El documento no menciona que México vaya a pagar por el Muro, pero sí obliga a los departamentos y agencias del Gobierno federal a identificar la ayuda al desarrollo, humanitaria, militar o económica anual que EEUU dirige a México. El 31 de enero Trump tiene previsto reunirse con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
El actual muro cubre cerca de un tercio de la frontera de más de tres mil kilómetros entre Estados Unidos y México, y ha sido construido y reforzado por los presidentes más recientes, demócratas y republicanos. No está claro cómo Trump puede completarlo, ni si el Congreso estará dispuesto a desembolsar los miles de millones que costará.
Trump también firmó otro decreto que penalizará a las grandes ciudades estadounidenses que protejan a los inmigrantes sin papeles. Este decreto prevé la retirada de fondos federales para lo que el presidente llama “ciudades santuario” como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre otras, que han adoptado políticas benévolas hacia los inmigrantes. Según diario El País, la orden ejecutiva contra las llamadas “ciudades santuario” puede abrir una batalla legal entre el poder federal, controlado por el Partido Republicano, y los estados y municipios controlados por el Partido Demócrata.
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