La fiscal general interina y responsable temporal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sally Yates, ordenó en una carta a los abogados del departamento que no preparasen la defensa de la orden sobre política migratoria de Donald Trump. por considerarla ilegal.
Horas después de salir a la luz ese comunicado, Trump la relevó del cargo bajo el argumento de que “ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una orden designada para proteger a los ciudadanos”, según la Casa Blanca.
“Es el momento de ponernos serios con la protección de nuestro país”, afirma el texto presidencial. Yates, nombrada por Barack Obama, ocupaba el cargo de forma temporal hasta que el Senado confirme al conservador Jeff Sessions, el escogido por Trump como nuevo fiscal general, un puesto equivalente al de un ministro de Justicia.
Trump ha nombrado a Dana Boente, abogado del Distrito Este de Virginia para sustituir a Yates hasta que se confirme el nombramiento del senador Sessions y acusa a los demócratas de retrasar ese voto “por motivos políticos” y de “no hacer nada más que obstruir”.
“Soy la encargada de garantizar que las posturas por las que abogamos en los juzgados cumplen la obligación solemne de esta institución de buscar justicia y defender lo correcto”, decía Yates en una carta enviada a los letrados del Departamento de Justicia.
La decisión de la responsable interina de Justicia es una muestra más del caos provocado por la firma por parte del presidente Trump de una orden ejecutiva con impacto más allá de las fronteras de EEUU, apenas una semana después de llegar a la Casa Blanca y sin un gabinete de gobierno completo. Su negativa coincide además con una iniciativa de los legisladores demócratas que busca retrasar todo lo posible la confirmación de Jeff Sessions por parte del Comité Judicial, prevista para este martes y cuyo resultado deberá ser refrendado después por el pleno del Senado.
“Mientras yo sea la fiscal general interina, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, salvo que considere que es lo adecuado”, añade Yates en la carta. Su gesto significa que si cualquiera de las demandas presentadas contra el decreto presidencial es admitida a trámite por un juez y esto ocurre antes de que Sessions ocupe el cargo de fiscal general, el gobierno de Trump no defenderá su propia decisión ejecutiva.
La estrategia demócrata consiste ahora en vincular cualquier voto a favor del fiscal de Trump con un voto a favor del veto a los refugiados e inmigrantes musulmanes. Los republicanos cuentan con mayoría en el Senado y los demócratas necesitan que al menos dos legisladores del partido de Trump voten en contra de su nominado para lograr bloquear su ascenso, destaca el portal de El País.
El decreto, que ya ha sido bloqueado parcialmente por tres jueces federales, se enfrenta a tres demandas distintas que buscan impedir su aplicación. Una de ellas fue presentado este mismo lunes en el Estado de Virginia por una de las mayores organizaciones musulmanas de EEUU, el Council for American Islamic Relations. Otra corresponde al Estado de Washington, cuyo gobierno se ha querellado contra la orden de Trump.
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