La gestión de la “cosa pública”

lunes, abril 27, 2026

La “cosa pública”, entendida como aquello que pertenece al pueblo, exige una gestión honesta, eficiente y orientada al bien común. En este artículo, Pablo De la Torre reflexiona sobre estabilidad económica, institucionalidad, lucha contra la corrupción y reformas necesarias para consolidar un Estado al servicio de los ciudadanos y del desarrollo del Ecuador.

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La cosa pública y el deber de administrar para todos

 

Cicerón decía “la cosa pública es la cosa del Pueblo”. Res publica = res populi. Es diferente de la cosa del estado. El Estado administra la cosa púbica, pero no es el dueño. El dueño es el pueblo.

 

En democracia elegimos a quien va a administrar la cosa pública para beneficio del pueblo, que somos todos y no solo algunitos.

 

Los políticos durante siglos se han aprovechado del pueblo y se han considerado, en el caso de algunos, dueños de la cosa pública y, por eso, la corrupción ha capeado en todo el territorio y se ha convertido en la bandera del liderazgo político deshonesto.

 

Cuando un administrador hace bien su papel, se desempeña adecuadamente en su deber y hacer respetar los derechos, hay que resaltarlo, aplaudirlo y premiarlo. Cuando no, hay que hacerlo ver. Si lo ve, lo podrá corregir. Si no lo ve, hay que despedirlo. Si lo ve y no enmienda, sino, más bien, hace lo contrario, hay que enjuiciarlo y encarcelarlo de por vida.

 

Estabilidad económica y desafíos de fondo

 

La administración Noboa está haciendo bien unas cosas, debe cuidar algunas y debe enmendar en otras. Analicemos todas. El componente económico está bastante bien, hasta ahora. Sin embargo, existen temas escabrosos que deben reflexionar y corregir para mantenernos a salvo.

 

En términos simples, un país está bien si su economía es estable y sus políticas públicas son predecibles y permanentes. Lo cual facilita la planeación pública y la de la producción en general.

 

Años de inestabilidad han caracterizado a la gestión económica del Ecuador. A saber: inestabilidad política; inseguridad; volatilidad de la renta petrolera; impago de la deuda externa; déficit fiscal; desaceleración económica; protestas sociales; alta corrupción; narcotráfico; y baja institucionalidad. Sin embargo, desde 2025, gracias a cambios radicales sociopolíticos en la presidencia y en la asamblea; así como, en la gestión fiscal, la confianza de los actores económicos nacionales e internacionales parece ir mejorando, generando un impacto positivo fuerte[1].

 

Entre las variables que han reaccionado bien se puede mencionar: consumo de hogares; inversión; importación de bienes y servicios; exportaciones no petroleras; producción nacional (agricultura, manufactura, servicios, pesca), depósitos bancarios, entre otros.

 

Adicionalmente, la gestión presupuestaria con severos ajustes, el apoyo financiero internacional, el respaldo de los proveedores extranjeros, la acumulación d las reservas internacionales, las transferencias de los mirantes, están incidiendo positivamente en el saldo de la cuenta corriente. Cabe señalar la reducción del gasto corriente gracias a la eliminación de los subsidios a los combustibles, la evaluación de la ejecución presupuestaria y las correspondientes restricciones introducidas en la norma para una gestión fiscal prudente.

 

Pero no todo lo que brilla es oro, dice el dicho popular. La administración actual y las futuras, deben enfrentar rigurosos desafíos económicos, tales como: baja productividad de los factores de la producción; motores de crecimiento inapropiados e inestables; elevados servicios de la deuda pública internacional; restricciones del endeudamiento nacional para financiar la gestión pública; y, modelo económico obsoleto en relación a la problemática del clima y biodiversidad.

 

Hay que reflexionar profundamente sobre el modelo económico, la administración ha demostrado que es posible mejorar la gestión económica con instrumentos legales apropiados (no consultas), pero la estabilidad económica y social en el tiempo es una incógnita.

 

“La cosa pública” debe seguir siendo gestionada con honestidad, transparencia y pulcritud para mantener estable el funcionamiento de la economía. Es apropiado el uso de los incentivos adecuados a los agentes económicos nacionales e internacionales para identificar, consolidar y fomentar los nuevos motores de crecimiento y desarrollo sustentable para Ecuador y sus futuras generaciones. Parecería prudente reorientar la discusión política hacia la estabilidad política, social, ambiental y económica.

 

Institucionalidad, corrupción y reformas pendientes

 

En materia política, es condición necesaria el propender a reducir el impacto de la corrupción y los amarres entre políticos deshonestos. Crear las bases para una mejor representación democrática del pueblo. Reformas institucionales en el Legislativo y Judicial son indispensables junto con una nueva ley anticorrupción con penas muy severas consolidarían la institucionalidad.

 

En materia social, es urgente una reestructuración profunda en salud y seguridad social. Los ciudadanos necesitan confiar en que sus esfuerzos al pagar los aportes por años, rindan positivamente en los servicios que reciben y recibirían, caso contrario se producirá un desaliento en los nuevos aportantes debilitando aún más la estructura de las jubilaciones. El futuro del país está en juego si la seguridad social no detiene su caída. La lucha contra el narcotráfico es crucial para devolver la seguridad al pueblo.

 

En lo ambiental es prudente, dado el menor peso relativo de los ingresos petroleros, repensar en el modelo sustentable a mediano y largo plazo. Sostener políticas de eliminación o reducción de los subsidios a los combustibles es un elemento a decidir. Fomentar las actividades extractivas formales eliminando totalmente la informalidad es posible.

 

Pensar el futuro desde el bien común

 

En materia económica, es indispensable la ley anticorrupción con penas más severas así los recursos que se inviertan no se irán al caño; sino más bien, a la inversión para el bienestar del pueblo. La ciudadanía tendrá acceso a los servicios públicos de mejor manera.

 

Los avances en trasparentar la gestión de las finanzas públicas han recibido el apoyo internacional para la reestructuración de la deuda pública inhumana, y se debe continuar en el proceso. La institucionalidad pública para consolidar los incentivos a la producción nacional es indispensable, pues ello redundará en inversión, empleo, ingresos para los hogares, aumento del consumo, pago de impuestos. Según el FMI[2] Ecuador sería la décima economía de LATAM gracias a un crecimiento del 2,5 en 2026 y 2027. No es suficiente, pero es estable.

 

No es fácil gestionar la “cosa púbica” para bien del pueblo. Hemos vivido épocas desastrosas con consecuencias nefastas, pero estamos mejorando. Ahora es la hora.

[1] /Jonveaux, Benoit. 2026. Macroeconomía y Desarrollo. MacroDev No. 73, febrero 2026.

[2] / FMI. 2026. World Economic Outlook. April 2026