Ecuador es un país mega diverso, y ante los foros internacionales nos jactamos de serlo. Pero, la diversidad es buena o positiva en tanto contribuye al desarrollo, pues presenta alternativas. Es negativa si solo la explotamos sin más ni más. Es positiva si pacifica, es negativa si se exigen derechos y no se cumple con las responsabilidades. Tomemos partido: la diversidad es positiva, pero nos exige ser reflexivos para mantener el planeta, los recursos naturales, los recursos humanos, las costumbres y las tradiciones, la paz ciudadana, para pensar en alternativas de producción racionales. En otras palabras, es pensar en un modelo de desarrollo que sea sustentable.[1]
El modelo actual (desde 2008 con la Constitución de Montecristi) no ha dado resultado. Así de simple, no ha dado resultado y los grupos vulnerables, entre los cuales están las comunidades indígenas rurales, no tienen oportunidades y siguen siendo desatendidas. Por ello, debemos pensar en otro modelo más sostenible, con planificación de largo plazo, con proyectos que prioricen la solución de las necesidades básicas de la población; que promueva el buen trato como nuestra carta de presentación y que la diversidad sea la estrategia para la mejora continua. Que sea Sustentable.
La pregunta del millón es ¿Se requiere una nueva constitución? Por supuesto que sí, pues no hemos avanzado y, como sociedad, más bien, estamos perdiendo la paz, los valores, la cultura, las oportunidades. Alfredo Astorga en su artículo “Constituyente, ¿de a de veras?”, Forbes el 1 de octubre de 2025, comparte su visión sobre la nueva constituyente. “Una Constituyente de a de veras, debe abordar el modelo de desarrollo del país. Nuestra identidad para hoy y para las nuevas generaciones. Desde los mejores aciertos, hacia los nuevos sueños que merecemos como nación.” Me gusta su visión pues va en línea con un modelo de desarrollo sustentable que sea económicamente efectivo, socialmente justo, políticamente viable y ambientalmente estable. Vamos a por ello, diría un ancestro. El presidente de Ecuador nos ha planteado una Asamblea Constituyente para redactar la Carta Magna para hoy y para el futuro.
Cabe recalcar que el desafío al que nos enfrentamos, en menos de 60 días, es un proceso complejo, pero necesario. Digo complejo porque los aliados al desorden van a oponerse, sin saber por qué, con toda la fuerza, porque quien los financia dice que deben oponerse. La confusión que demuestran las organizaciones indígenas es una clara respuesta de que su propósito no es aceptado por todos y que los medios utilizados tampoco son buenos. Además, dicen hablar por todo el Ecuador. Una falacia aprendida como eslogan de campaña.
Tratando de interpretar el sentir y las necesidades de los ecuatorianos, de mejores días para todos, intentaré plantear los componentes normativos de una nueva constituyente, para que el resultado en el futuro sea provisorio, al menos mejor que el que tenemos hoy.
Se plantea un modelo de desarrollo sustentable, con un Estado de Derecho, no Social de Derechos, sino una recuperación de la institucionalidad, un estado normador, regulador, sancionador, cuya gestión pública sea eficiente y efectiva, con cero tolerancia a la corrupción, para financiar adecuadamente la educación (básica, bachillerato y técnica) de calidad para todos, fortaleciendo al sector salud, eliminando la desnutrición infantil, con un sector productivo competitivo, leal y racional, que invierta en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Que la Seguridad Nacional y la Seguridad Social sean la esperanza de la sociedad. Para eso, se hace indispensable reformar las normas vigentes, como la Carta Magna, adaptarla a nuestra realidad actual y, especialmente, a la que queremos como futuro. Las empresas de los narcotraficantes están usando la norma actual para sus fechorías y a los jueces para su impunidad. Por eso, es muy importante la reforma de la Constitución.
Pero primero es lo primero. Se deben establecer requisitos indispensables para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. Y no pueden ser representantes de partidos o movimientos políticos acostumbrados a la corrupción. Se deben introducir requisitos para lograr un grupo de miembros caracterizados por su honorabilidad, su prestigio, su don de estadistas y no estar inmersos en ninguna causal sancionatoria. Solo así podremos pensar en resultados positivos. La mañosería acostumbrada no debe ser parte de este proceso.
En segundo lugar, debemos legislar para hoy y el futuro. Es decir, a base de escenarios futuros visualizar el Ecuador inmerso en los cambios posibles y en la nueva geopolítica. Las nuevas necesidades y los nuevos bienes y servicios sobre la base de un uso racional de los recursos disponibles.
En tercer lugar, un Estado de Derecho se basa en: i) la igualdad ante la ley. Esto significa que todas las personas, sin importar su posición social, raza, género, religión o cualquier otra característica, son tratadas de manera justa y equitativa por el sistema legal. Nadie está por encima de la ley y todos tienen los mismos derechos y obligaciones; ii) la predictibilidad y seguridad jurídica. Esto implica que las leyes y regulaciones sean claras, accesibles y predecibles, lo que permite que los ciudadanos puedan conocer y entender sus derechos y obligaciones. Las decisiones judiciales se basan en la ley y los precedentes establecidos, lo que brinda certeza y estabilidad al sistema legal; y iii) un sistema judicial independiente e imparcial. Los jueces y magistrados deben ser imparciales y decidir los casos basándose únicamente en la ley y las pruebas presentadas.
Estos pilares garantizan que todas las personas tengan acceso a un juicio justo y que los derechos fundamentales sean protegidos. Estas características son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos, promover la justicia y prevenir el abuso de poder.
En cuarto lugar, fortalecimiento de la democracia como un fenómeno dinámico que requiere adaptación continua. No solo es el proceso de votar a candidatos para ejercer cargos públicos; sino, más bien, establecer condiciones jurídicas apropiadas para que los procesos electorales sean adecuados. Reformar la norma electoral actual introduciendo al menos dos cambios: i) Requisitos mínimos para candidatos: edad, formación de tercer nivel, experiencia en gestión pública, estar afiliado políticamente a un partido al menos 5 años y no estar inmersos en ninguna causal jurídica, administrativa o penal; y ii) El voto nulo mayoritario se debe entender como que los candidatos que se presentaron no son válidos para ejercer esos cargos y, por lo tanto, se anulan las elecciones de esas dignidades y se llamará a nuevos candidatos para el proceso. Los candidatos votados nulo no podrán ser candidatos nuevamente.
En quinto lugar, el Estado de Derecho garantiza la separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y la separación de poderes consolida el Estado de Derecho. Además, se puede considerar la separación de la Planificación Nacional del ejecutivo, de tal manera que el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas no esté sometido a la administración del gobierno de turno, sino que se deba colaborar para beneficio de la sociedad en su conjunto. Cualquier propuesta de ley ejecutiva pasaría por la Planificación Nacional, previo a su discusión en la Asamblea y en la Corte Constitucional. Con este cambio se asegura el respeto a la planeación de largo plazo y se elimina la desorganización pública.
En sexto lugar, la lucha contra la corrupción es compleja, pero requiere un endurecimiento de las penas para evitar de un plumazo la impunidad. Se podría introducir: pena máxima de cadena perpetua por actos de corrupción debidamente sancionados, procesos abreviados por casos de violencia infantil y femicidios, y eliminación de medidas cautelares. El control de la corrupción, consolida el Estado de Derecho, controla al Sistema Judicial y la Asamblea, fortalece la democracia y facilita el ejercicio de la gestión del Ejecutivo.
En séptimo lugar, la creación de una entidad de Planificación Nacional de largo plazo es indispensable para evitar el ejercicio excesivo de los tres poderes del Estado. Los miembros de ésta podrían ser elegidos por ser profesionales reconocidos, con cuarto nivel de formación (PhD) y con experiencia en planificación. Ejercerían el cargo por 5 años.
En octavo lugar, los beneficios de las políticas públicas, sean económicas, sociales o ambientales deben ser únicamente para personas jurídicas formales. Se debe eliminar la informalidad en las actividades económicas, sociales y ambientales para garantizar la focalización de las políticas, fortalecer el empleo, apuntalar la seguridad social y mejorar el bienestar común.
En noveno lugar, el modelo económico de desarrollo sustentable implica un cambio en el modelo de gestión pública con énfasis en: regulación, control y sanción, evitando el mantenimiento de subsidios generalizados, la participación en las actividades productivas y la empleabilidad pública; la reorganización y fortalecimiento institucional; y especialmente la definición de sectores estratégicos, incorporando a salud, educación, seguridad social y seguridad nacional, y eliminando a los actuales.
Un esquema inicial para que la Asamblea Constituyente reflexione sobre el nuevo modelo de desarrollo sustentable, y se facilite su traducción en la norma, incluye:
Si somos capaces de iniciar sin corrupción la reforma de la Constitución, y por esta vez pensamos en todos, eclosionaríamos a un país mejor, una sociedad democrática más equitativa, una justicia social más cabal, una seguridad social garantizada, una seguridad nacional que promueva las relaciones humanas y la oportunidad abierta para la mejora continua de todos.
[1] / Sustentable, la capacidad de un sistema para mantenerse en equilibrio y armonía con su legado, su entorno, considerando todos los aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales. Implica una visión de largo plazo buscando generar beneficios para las generaciones actuales y futuras.
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