Oportunidades para el empleo

martes, agosto 12, 2025

El modelo de desarrollo vigente en Ecuador, establecido en la Constitución de 2008, ha limitado la inversión, la innovación y la generación de empleo. Pablo De la Torre propone una estrategia para transformar la estructura productiva mediante políticas públicas que fortalezcan el tejido empresarial, impulsen la capacitación laboral y fomenten un ecosistema productivo sostenible y competitivo. La propuesta combina incentivos a la inversión privada, creación de incubadoras, actualización de competencias y desvinculación ordenada de funcionarios públicos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo y modernizar el aparato productivo nacional.

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Ecuador bajo la Constitución de 2008 sigue un modelo de desarrollo basado en la participación del estado en la actividad productiva, compitiendo con las organizaciones de la sociedad civil y las empresariales, en lugar de fomentar el desarrollo productivo con políticas públicas efectivas. El modelo no provee los incentivos efectivos para atraer inversión, tecnología e innovación. El modelo debería cambiar a otro más acorde con el entorno actual y futuro.

 

La persistencia de las crisis económicas ha puesto de manifiesto claro que el modelo sustentando en los factores de crecimiento tradicionales no ha sido suficiente para consolidar un proceso de cambio estructural que sustente el desarrollo productivo integral. En países emergentes, las decisiones de política pública son parte del modelo de desarrollo orientado a fortalecer los nuevos factores de crecimiento o, en su defecto, en nuevos factores más creativos y modernos. La estrategia, a seguir, implica consolidar los esfuerzos públicos y privados y a reorientar la producción hacia un sistema conservacionista integrado, incorporando todas las instancias industriales y de servicios y la actualización del sector laboral.

 

Según los expertos para ser exitosos, en este proceso de cambio en el sector productivo, las nuevas fuentes de crecimiento deben considerar, entre otras las siguientes: Inversión en talento humano, es decir educación y capacitación formal investigadora y empresarial; Infraestructura productiva; Inversión en I + D + i; mayores fuentes de financiamiento modernas, que reduzcan el riesgo asociado a los proyectos productivos de valor agregado, el emprendimiento y la innovación; y, conservación y uso racional de recursos naturales.

 

El desarrollo económico se sustenta en la capacidad de un país para transformar la estructura productiva con base en la complementariedad entre la producción y el desarrollo tecnológico y proponer soluciones productivas eficientes (ecosistema productivo) desde la red empresarial incluyendo los emprendimientos. Corea, China, Vietnam del Sur y Chile son un ejemplo de que sí hay como hacerlo.

 

Se evidencia que el desarrollo productivo moderno implica suficiente volumen de producción de bienes y servicios innovadores, precios estables, incorporación tecnológica y mercadeo estratégico que atraiga a la demanda y generen, en la cadena de valor hacia atrás; empleo, encadenamientos productivos, impuestos, en fin, beneficios para toda la sociedad (empresas, emprendedores, academia, familias) y el estado (administración de gobierno).

 

Por ello, el marco jurídico debe estar en línea con este propósito. Un entorno normativo que promueva un estado fuerte técnica e institucionalmente, entidades rehabilitadas en su capacidad técnica y operativa, con músculo financiero para implementar políticas públicas en el sector social, desarrollar relaciones duraderas con las organizaciones de la sociedad civil y empresariales. Éste es el inicio de un proceso de redimensionamiento del estado.

 

El funcionamiento productivo integrado, participativo, corresponsable con el ambiente, es un ecosistema que propendería la incorporación de emprendimientos e innovación tecnológica en el sistema productivo, que requiere de recursos humanos con competencias actualizadas para asistir, asesorar, acompañar al sector productivo naciente. No se trata de reducir la nómina; sino más bien, abrir oportunidades a los funcionarios públicos para actualizar sus competencias laborales y que ello les permita emprender o insertarse el sector laborar productivo o de servicios. Así se reduce la nómina sin generar niveles de desempleo alarmantes.

 

Es una propuesta para la mejora continua de los seres humanos, solos, organizados o en comunidades que incrementen y desarrollen las capacidades y potencialidades, propias y de otros. El resultado se cristalizaría en: mejoramiento de las capacidades laborales, educación formal, actualización y capacitación productiva; ampliación de oportunidades de empleo propio o bajo dependencia; inversión, productividad, equidad y ambiente laboral justo; uso racional de los recursos naturales; y, menores desigualdades.

 

Para materializar estas oportunidades de empleo, el estado debería propiciar, mediante políticas públicas efectivas: i) un entorno de negocios favorable para el desarrollo productivo, emprendimiento e innovación, que la producción genere empleo, no que el estado sea empleador; y, ii) crear condiciones para la actualización de las competencias laborales de funcionarios públicos a ser desvinculados, personas desempleadas y jóvenes.

 

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL EMPLEO[1]

 

El propósito es contribuir a efectivizar el desarrollo productivo mediante la aplicación de políticas públicas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento empresarial como parte del mejoramiento de la promoción productiva y el fortalecimiento del tejido empresarial formal.

 

Se fundamenta en cuatro principios: Equidad, sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y competitividad sistémica.

Tiene dos componentes principales: A) Políticas para favorecer un entorno propicio para la inversión productiva y B) Políticas para favorecer la desvinculación ordenada. Son complementarias pues las incubadoras deben contratar a los funcionarios con competencias laborales actualizadas para prestar los servicios a empresarios. Si no se implementa de esta manera podría no funcionar el proceso de desvinculación de funcionarios públicos.

La primera incluye:

1. Implementar o consolidar el fondo de capital de riesgo FKR privado, para ampliar la bancarización del tejido empresarial naciente, la reducción de la percepción de riesgo intrínseco en las operaciones de financiamiento y el apoyo financiero a proyectos viables;
2. Fomento y provisión de facilidades para la creación masiva de incubadoras de empresas para prestar servicios a los negocios que tienen potencial (pre-incubación), las iniciativas nacientes y nuevas para fortalecer el desarrollo de bienes y servicios, la innovación, su inserción en las cadenas de valor y su internacionalización (incubación);
3. Diseño e implementación del programa de fomento productivo en los GAD, privilegiando la productividad e innovación acorde con los nuevos comportamientos de los consumidores;
4. Asignación de recursos para la inversión pública en la infraestructura tecnológica nacional que facilite el uso de redes sociales internacionales y nacionales que fortalezcan la gig economía, la economía colaborativa y la economía circular; y,
5. Implementación de proceso de control ex post para la creación de empresas mediante la sustitución de los procesos operativos y administrativos de aprobación de empresas por uno ágil (un día) para la entrega de certificación provisional y plazo (6 meses) para la obtención del certificado definitivo, en línea con el entorno favorable para los negocios.

 

La segunda considera importante:

1. Crear el Sistema Nacional de Actualización de Competencias Laborales para certificar la actualización de las competencias de conformidad con las necesidades del tejido empresarial;
2. Creación del Programa de Capacitación para Capacitadores y Acompañantes, funcionarios públicos nacionales y locales que deseen formarse y actualizarse para prestar servicios técnicos a los negocios (empresas en formación y existentes), a través de incubadoras de empresas, ya sea en la etapa de pre-incubación o en la etapa de incubación, para lo cual se requeriría:
3. Inversión en una plataforma de registro, calificación, capacitación y actualización de servidores públicos;
4. Identificación de Unidad Ejecutora del Programa, dotada de infraestructura física, técnica y tecnológica;
5. Contratación de servicios de consultoría para el diseño de la malla curricular, el funcionamiento y el proceso de actualización de competencias laborales parar ser profesionales de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento;
6. Selección y acuerdo con servidores públicos interesados;
7. Implementación del programa de capacitación de capacitadores y acompañantes empresariales.
8. Crear el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica Empresarial en Incubadoras
9. Inversión en una plataforma digital de registro, calificación, capacitación, actualización y necesidades de asistencia técnica empresarial;
10. Contratación de servicios de consultoría para el diseño de la plataforma, de la autoevaluación de emprendedores, identificación de necesidades de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento requeridas, diseño de malla curricular y servicios a ser prestados por incubadoras;
11. Selección de incubadoras prestadoras de los servicios para los negocios;
12. Implementación del programa de capacitación de capacitadores y acompañantes.
13. Incorporación de servidores públicos capacitados a las incubadoras de empresas;
14. Certificación de productores para recibir los servicios de Capacitación, Asistencia Técnica Empresarial y/o Acompañamiento;
15. Complementación del Programa de Aseguramiento de la Calidad con ARCSA para el tejido empresarial naciente, con el propósito de reducir los trámites y costos asociados a la certificación productiva;
16. Creación del programa de compensación tributaria para empresarios que exporten de forma continua.
17. Ampliar los beneficios de ZEDES para centros tecnológicos, incubadoras de empresas y redes empresariales naciones e internacionales, enlazados con universidades y centros de innovación internacionales.

 

Es una propuesta indecente, pero es importante considerarla. Cuando desvinculamos a 2.900 trabajadores (de 3.000) del puerto de Guayaquil. Se les propuso que creen empresas prestadoras de servicios portuarios y se les proporcionó ayuda legal, financiera y gerencial con profesionales expertos. El resultado fue la creación de dos empresas, una con 700 extrabajadores y otra con 600 extrabajadores, que se auto calificaron. Parte de la indemnización por su desvinculación constituyó su aporte de capital a las empresas nacientes. No hubo protestas, ni huelgas, no desatinos. El puerto siguió funcionando y gracias a desvinculación apropiada, el siguiente gobierno no pudo incorporar más funcionarios a esta dependencia.

 

Si hay cómo, si está bien claro el propósito fundamental, los procedimientos previos, los recursos y qué entidad lo ejecutará.

 

 

[1] / de la Torre. P. 2021. Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas de Servicios a los Negocios: Capacitación, Asistencia Técnica y Coaching. XVII Foro Internacional del Emprendedor: políticas públicas para el desarrollo

del emprendimiento y las mipymes. No publicado.