Presidente Noboa envía a la Asamblea nuevo proyecto de ley para controlar flujos irregulares de capitales

miércoles, julio 30, 2025

El Ejecutivo busca establecer controles más estrictos sobre el financiamiento que reciben ONG y fundaciones, alegando riesgos de lavado, evasión fiscal y uso político de recursos internacionales.

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En medio de crecientes cuestionamientos sobre el financiamiento de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orientado a fortalecer los controles sobre los flujos irregulares de capitales que ingresan al país a través de estas entidades.

La iniciativa, anunciada previamente por el mandatario, responde —según el Ejecutivo— a la necesidad de garantizar transparencia financiera y evitar el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional para fines políticos, evasión fiscal o lavado de activos. El texto plantea endurecer los requisitos para el registro de donaciones y obliga a las organizaciones a detallar con precisión el origen, destino y propósito de cada transferencia internacional.

Desde organizaciones civiles y sectores opositores se ha advertido que esta propuesta podría abrir la puerta a un control indebido del Estado sobre el trabajo de fundaciones críticas del Gobierno, afectando el derecho a la libre asociación. Algunos analistas también señalan que la ambigüedad en los criterios del proyecto permitiría un uso discrecional de las sanciones.

El Gobierno sostiene, en cambio, que esta ley busca alinearse con las recomendaciones internacionales sobre trazabilidad de fondos y que no compromete los derechos constitucionales. Asegura que el control será técnico y que el objetivo es cerrar brechas que permiten la entrada de recursos sin justificación clara.

El proyecto será debatido en la Asamblea en medio de un tenso clima político y de fuertes cuestionamientos al manejo de la reforma del Estado. Su aprobación o archivo marcará un hito en la relación entre el Ejecutivo y la sociedad civil.

Relevancia para Ecuador:
Este proyecto puede redefinir la relación entre el Gobierno y el sector no gubernamental, afectando el trabajo de decenas de fundaciones que operan en áreas sensibles como derechos humanos, medioambiente y asistencia social.