La reciente decisión del Gobierno Nacional de fusionar varias carteras ministeriales y despedir a cerca de 5.000 funcionarios públicos ha generado reacciones adversas en la Asamblea Nacional. Legisladores de las bancadas de la Revolución Ciudadana (correísmo) y Pachakutik han solicitado la comparecencia de varios ministros y del secretario de Administración Pública para que expliquen los fundamentos de esta reforma estructural.
La iniciativa gubernamental busca reducir el tamaño del Estado, optimizar el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa. Sin embargo, los opositores han calificado la medida como improvisada, perjudicial para los derechos laborales y con posibles consecuencias negativas en la prestación de servicios sociales, especialmente en áreas como salud, educación y desarrollo social.
La asambleísta Viviana Veloz, del correísmo, sostuvo que “este ajuste no responde a un plan nacional, sino a exigencias del Fondo Monetario Internacional”, mientras que representantes de Pachakutik advirtieron sobre el impacto que tendrá en las comunidades indígenas y rurales.
Desde Carondelet, se ha defendido la medida como un paso necesario para recuperar el equilibrio fiscal. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, afirmó que el país enfrenta una situación crítica y que estas acciones evitarán un deterioro mayor.
Relevancia para Ecuador:
El debate sobre la fusión ministerial y el recorte de personal público reabre la discusión sobre el tamaño del Estado, el rol del FMI y el modelo económico del país. La respuesta de la Asamblea marcará el tono político en los próximos meses y pondrá a prueba la gobernabilidad de Daniel Noboa frente a bloques que comienzan a alinear fuerzas.
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