Yakarta (EFE).- Un tribunal indonesio decidió este jueves que se indemnice con unos 3.180 dólares a cada familia de los 206 niños fallecidos por la ingesta de jarabes contaminados en el país asiático en 2022 y con unos 3.800 dólares a las de los 120 menores que sobrevivieron y padecen secuelas.
La decisión, divulgada a través de la página web del tribunal, dicta una cifra muy inferior a la solicitada por los demandantes, que ascendía a 3.000 millones de rupias (unos 183.000 dólares) para cada uno de quienes hayan perdido a un ser querido y 2.000 millones de rupias (unos 123.000 dólares) para las de los niños con secuelas.
Los familiares llevaban semanas esperando el veredicto, después de que se pospusiera hasta hoy la decisión desde el 1 de agosto, la fecha inicial prevista para su anuncio.
La decisión generó hoy expectación y angustia entre los familiares por la demora del fallo.
“Mi corazón está acelerado… Todavía tengo esperanza, pero estoy enfadada porque no hayan decidido aún el veredicto”, asegura a EFE Nedy Amardianto, cuya hija Aisha, de 11 meses, falleció en octubre de 2022 tras ingerir uno de los jarabes contaminados, que le provocó un fallo renal letal.
Como Amardianto, numerosas familias aguardaron este jueves a que un tribunal indonesio actualizara en su página web la decisión escrita sobre el caso, en un principio prevista a las 14.00 hora local (7.00 GMT), pero de la que no se tenían noticias entrada la noche en Yakarta, sin saberse cuándo se hará pública.
Hoy el tribunal debía deliberar si otorga a las familias 3.000 millones de rupias (unos 183.000 dólares o 169.000 euros) para cada uno de quienes hayan perdido a un ser querido y 2.000 millones de rupias (unos 123.000 dólares o 113.000 euros) para cada uno de los niños con problemas renales por haber tomado jarabe contaminado.
Los demandantes, piden, además de las indemnizaciones, que las autoridades provean de cobertura sanitaria adecuada a los niños que sobrevivieron y han quedado con secuelas.
“¿Por qué es tan duro ser más abiertos y honestos? ¿Por qué les enorgullece hacernos esperar?”, inquiría Amardianto.
Su hija ingirió un jarabe de Pt Afi Farma, una de las siete farmacéuticas y compañías de productos químicos indonesias incluidas en la denuncia de 25 familias de menores afectados, también dirigida contra el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos, cuyo juicio comenzó en enero de 2023.
Entre los acusados se encuentran las empresas PT Tirta Buana Kemido y CV Samudra Chemical, que vendieron los componentes tóxicos dietilenglicol (DG) y etilenglicol(EG) haciéndolos pasar por propilenglicol (PG), un solvente y lubricante considerado seguro para el consumo humano, ante los problemas de suministro y los altos precios durante la pandemia de la covid-19.
Otros acusados son, además de Pt AFi Farma, PT Universal Pharmaceutical Industries, que fabricaron jarabes de paracetamol y para la tos y no realizaron los controles pertinentes del producto que compraron a PT Tirta y CV Samudra.
La crisis sanitaria comenzó en agosto de 2022, cuando empezaron a conocerse las primeras muertes de niños por fallos renales en Indonesia, aunque entonces no se relacionaron con jarabes contaminados.
La investigación en Indonesia empezó a partir de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera una alerta a comienzos de octubre de ese año alertando de la contaminación de jarabes en Gambia, donde fallecieron 70 niños presentando los mismos síntomas, en ese caso procedentes de India.
Las autoridades indonesias empezaron a analizar los jarabes, algunos de los cuales tenían un contenido de DG y EG superior al 90 %, cuando el límite máximo legal es el 0,1 %.
Tras la alerta en Indonesia y Gambia, la OMS empezó a detectar jarabes contaminados con dietilenglicol y etilenglicol en países como Camboya, Uzbequistán (donde medicamentos procedentes de India causaron al menos 65 muertes), Pakistán e Islas Marshall, sin que de momento se haya descubierto un vínculo entre todos los casos. EFE
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