Si algo no ha dejado de funcionar, bajo el régimen de Nicolás Maduro, es la puerta giratoria con presos políticos, civiles y militares; unos entran y otros salen, aunque la mayoría nunca termina totalmente libre. Pero para sembrar el miedo, la tortura y la violación de derechos humanos, ya no le era suficiente que los sótanos de reclusión de la DGCIM los convirtieran en centros de tortura, sino que en el 2019 acondicionaron un nuevo sitio en el Fuerte Tiuna y desde hace meses venían remodelando el Rodeo I, para que el Ministerio Penitenciario tome el control de un importante número de presos políticos, trasladados desde el 18 de febrero.
Familia de los detenidos coinciden en señalar que solo recibieron, en las puertas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), una información verbal, por parte de una funcionaria. Eso fue el lunes 19 de febrero cuando llegaron con los suministros para los detenidos. “Tengo una información que darles. Varios reclusos fueron trasladados a otro penal, al Rodeo I”, dijo la mujer, quien empezó mencionando a los sindicalistas y luego a los militares y civiles.
Otra vez, el régimen desaparece a una treintena de presos políticos y ahora no se sabe por cuánto tiempo. Hay detenidos a quienes muchas veces no les permiten recibir visitas y eso se pospone durante semanas e incluso meses, siempre con la amenaza: “si denuncian les va a ir peor”. Quienes durante la semana han estado en el Rodeo I, el nuevo campo de concentración de la revolución bolivariana, revelan que no saben a qué organismo pertenecen los funcionarios que están como custodios.
El Rodeo I está a cargo de la Ministra del Régimen Penitenciario, Vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros, quien encomendó al General Luis Marcel Ojeda para inaugurar la nueva cárcel, donde enviaron a presos políticos desde hace un año estaba en plena remodelación, por lo que tampoco tiene relación con la expulsión, por parte del régimen venezolano, de los delegados de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACDH) de Naciones Unidas en Caracas.
Desde hace meses que jefes de las cárceles, donde están recluidos presos políticos, venían advirtiendo con esos traslados. En el caso del General Octavio Maximiliano Gómez Hernández, en recorrido por el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde amenazaba que a quien denunciara en las redes sociales lo enviarían al Rodeo I.
Hay evidentes irregularidades y violación a sus derechos humanos, a la comunicación con sus familiares y abogados, además de no haber notificación alguna de sus traslados. En este momento, esos detenidos están incomunicados, porque ninguno ha hecho las llamadas telefónicas desde hace cinco días, entre ellos Igbert Marín, Juan Carlos Marrufo Capozzi, Héctor Hernández y Oswaldo Valentín García Palomo.
La angustia para los familiares se reaviva, porque al no haber comunicación oficial todo se diluye en supuestos. Madres, esposas, hijos, hermanos que acudieron el lunes, en la noche, a la DGCIM para cerciorarse de lo que estaba sucediendo, les negaron la información.
Algunos de ellos refieren maltrato verbal por parte de los funcionarios de la DGCIM, a una de las mujeres que insistió en saber la situación de su esposo la obligaron a alejarse de las instalaciones de la DGCIM en Boleíta. “Estas no son horas para venir a preguntar. Venga mañana martes a las 9:00 am si quiere saber”. Aun así, tampoco el martes, ni el resto de los días de la semana han recibido respuesta alguna.
El traslado inconsulto y sin envío de medicamentos pone en peligro la salud de muchos de los presos políticos, incluso con riesgo de muerte. Lo único que tiene cierto, los familiares de los presos de la DGCIM, es que ellos fueron trasladados sin medicamentos, sin expediente judicial y sin pertenencias personales.
La Ministra Celsa Bautista informa, a través de sus redes oficiales, que se pueden hacer denuncias a través de comentarios o a través de sus cuentas, pero varios familiares aseguran que al manifestarle el temo que tienen por la persona detenida, la almirante borra los comentarios en Instagram. No importa cuántas veces le soliciten información de los trasladados o que le pidan respeto por los derechos de ellos, la ministra no da respuesta y siempre elimina dichos mensajes.
Nada oficial
Loredana Barboza dice en un video colgado en X (antes Twitter), “denuncio el traslado ilegal, arbitrario e inconsulto de mi papá, el general Héctor Hernández Da Costa, quien estaba detenido en la DGCIM, Caracas, Venezuela”.
“No se nos ha dado ninguna información oficial” agregando que han acudido a la DGCIM pero la información ahí es hermética. “No disponen de una lista de las personas que han sido trasladadas a otros centros de reclusión”.
Asevera que la información sobre el traslado de su padre, obtenida a través de terceras personas, da cuenta que él fue enviado al Rodeo I, “un lugar que se encuentra totalmente alejado de la ciudad, de cualquier centro hospitalario y que representa dificultad para nosotros los familiares que queremos acceder a la visita”.
“Quiero denuncia el trato que se le da a los presos políticos, militares y civiles, entre ellos a mi papá, quien además de tener una medida de liberación inmediata y tener medida de protección de la OEA no se le ha respetado el debido proceso”, finaliza diciendo.
Por su parte, Lilina Barboza, esposa del General de Brigada (GNB) Hernández Da Costa, le dijo al portal El Pitazo que el oficial “presenta algunas patologías, como síndrome coronario agudo por anginas y diabetes. Además, acaba de ser operado de ambos ojos debido a una retinopatía diabética”.
La salud del General Hernández Da Costa, que posee medidas internacionales de liberación y protección, es de riesgo, no solo por las recientes operaciones de los ojos, realizadas en diciembre pasado, por lo que depende de medicamentos para su recuperación, sino porque es paciente del síndrome coronario agudo por angina, diabético tipo 2, lo que requiere medicación diaria.
Dónde está Igbert
La hermana y el padre del teniente coronel (EJ) Igbert Marín Chaparro, al tratar de obtener información en la nueva cárcel, narran que se encontraron con una persona totalmente vestida de verde oscuro, encapuchado, con armas largas que a distancia le gritó que se alejara del portón. Ante la insistencia de la familia Marín, el encapuchado ordenaba que se fueran porque él no estaba autorizado a dar información.
El padre de Marín Chaparro es el coronel retirado Igor Enrique Marín Atencio, quien se identificó y le dijo al custodio que le dieran información de su hijo. La respuesta que le dio el esbirro fue: “no me interesa, retírese del cerco”.
Hace cuatro años, en el 2020, a Igbert Marín Chaparro le dijeron que sería trasladado a otro centro de detención, lo sacaron del sótano de la DGCIM en Boleíta Caracas, lo llevaron hasta un vehículo, lo ruletearon varias horas en Caracas y lo regresaron a los inmundos sótanos de ese cuerpo de Contrainteligencia Militar.
Ahora no hay certeza alguna de si él sigue en la DGCIM, si fue trasladado al Rodeo I o dónde puede encontrarse porque no hay boleta de traslado, nadie notificó formalmente a los familiares o abogados, ni jueces ni fiscales dan respuesta alguna.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón hizo un llamado a las autoridades para que consideren la situación del preso político Darío Estrada, “quien es neurodivergente (espectro autista), su madre tiene 87 años y por falta de recursos económicos no puede trasladarse a Caracas a dotarlo de lo necesario (alimentos y medicamentos); ha sido gracias a la caridad de familiares de otros privados de libertad que ha podido soportar esta situación. Rogamos atención a esta situación tan especial y no sea él trasladado a un centro de reclusión en el que no podrá recibir esta asistencia”.
Es así como los presos trasladados a la remodelada cárcel Rodeo están en una situación aún más desafiante, porque los relegan a un entorno distante y desconectado, que no solo su acceso a atención médica, sino que los envían al aislamiento agregando mayor incertidumbre y dolor a sus seres queridos.
Texto original de Infobae
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