El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 111, ha declarado la situación de conflicto armado interno a nivel nacional en Ecuador, luego de una serie de atentados terroristas en el país, entre ellos la toma del canal TC televisión, en Guayaquil, por parte de un grupo de hombres con armas y explosivos.
Con este decreto, Noboa ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, “bajo el Derecho Internacional Humanitario y respetando los DD.HH.”, con el fin de neutralizar a 22 grupos criminales declarados terroristas en la orden ejecutiva. Estos son:
El jurista Ramiro García explica que con esta declaración se aplica la Convención de Ginebra de 1949 para la protección de civiles.
Y también el Protocolo Adicional II de 1977, relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados no internacionales. “Este protocolo es específico para conflictos armados internos y establece normas detalladas para la conducta de las hostilidades y el trato a las personas capturadas”.
“Todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar”, declaró el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, tras la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
Así, desde hoy los militares pueden usar armamento y municiones letales bajo normas internacionales para acabar con la amenaza terrorista, pues el reconocimiento de un conflicto armado interno en el país faculta a las Fuerzas Armadas a aquello, y blinda al Estado bajo el derecho internacional humanitario.
Con esto, si los atacantes mueren empleando armas y explosivos, sus familiares no podrán luego reclamar al Estado por el uso letal de la fuerza, pues prima la protección de la población civil en riesgo.
Entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, Ecuador cuenta con 47 mil militares activos habilitados para el combate contra grupos terroristas. Todos están facultados a utilizar sus armas en defensa propia y de terceros.
La legislación ecuatoriana también los ampara con la Ley de uso legítimo de la fuerza, vigente desde agosto de 2022.
Renato Rivera, experto en seguridad y crimen organizado, explica que con la declaración de conflicto interno, el Estado ecuatoriano tiene una especie de blindaje ante el derecho internacional para que los militares utilicen todo su armento para contrarrestar a los grupos terroristas, catalogados así en el Decreto, diferenciándolos de la delincuencia común.
En las circunstancias actuales, la Policía cumplirá la función de fuerza auxiliar y complementaria en las operaciones de seguridad que realicen los militares.
Esto es lo opuesto a lo que generalmente sucedía en anteriores estados de execpción, en el que la Policía dirigía la estrategia contra el crimen organizado y tenía el apoyo complementario de cierto contingente militar. Ahora serán las FF.AA. las que delineen la estrategia y ejecuten las operaciones para liquidar a los terroristas.
La información de los sistemas y subsistemas de inteligencia de la fuerza pública será compartida para la planificación de las operaciones de seguridad interna.
La estrategia militar, como es de esperarse, ha sido declarada secreta por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Con información de Ecuavisa
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