La arriesgada apuesta de convocar a la ciudadanía a una consulta popular o referendo también está en la lista de pendientes del presidente Daniel Noboa. Lo mismo han hecho siete de sus predecesores desde 1978.
En la lista están León Febres Cordero, Fabián Alarcón, Alfredo Palacio, Sixto Durán Ballén, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Dos de ellos lo hicieron en más de una ocasión: Durán Ballén lo hizo dos veces y Correa cuatro.
Y la mayoría lograron resultados positivos. Solo Febres Cordero, Durán Ballén (en la segunda ocasión) y Guillermo Lasso sufrieron reveses y fueron derrotados en su consulta, lo que reflejó la baja aceptación que tenían.
Por ese mismo motivo, el presidente Noboa no quiere esperar para lanzar sus propuestas. Ya que llegó al gobierno el 23 de noviembre de 2023, bordeando el 70% de aprobación y uno de sus ofrecimientos de campaña fue hacer la consulta en sus primeros 100 días.
Sin embargo, el secretismo sobre los temas que pondrá a consideración da cabida a la especulación. Inicialmente, en octubre, Valentina Centeno, su jefa de bancada en la Asamblea Nacional, dijo que serían entre 13 y 15 preguntas.
A inicios de diciembre, en cambio, el viceministro de Gobernabilidad, Carlos Espinosa, cambió radicalmente la cifra y confirmó que serían entre tres y cinco preguntas.
De todas formas, de las pocas generalidades que las figuras del oficialismo han comentado, se presume que los temas serán en materia judicial y económica, como reformas al Código Integral Penal, modificaciones al sistema de justicia y empleo joven.
Pero la ministra Mónica Palencia también agregó que está en análisis el problemático Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y su atribución de designar a las autoridades de control. Un planteamiento que la baja popularidad de Lasso sentenció al fracaso en su consulta.
Y, aunque Noboa espera para enero la propuesta, en la que trabaja el Ministerio de Gobierno, lo que no queda claro de ninguna manera es si se tratará de una consulta popular o si podría ser un referendo o una reforma constitucional. Ya que esto implica distintos procesos y plazos.
Por ejemplo, el mismo presidente Noboa, antes de su posesión, dijo en Italia que una de las preguntas clave de la consulta será sobre el rol de las Fuerzas Armadas.
Pese a que, el expresidente Lasso también hizo ese planteamiento y la Corte Constitucional lo derivó a la Asamblea, al considerarla una reforma parcial. Esto implica que sea tramitada en al menos 90 días en el Legislativo y el texto final debe ser ratificado por la ciudadanía en las urnas.
Al igual que cada propuesta de consulta o referendo, el texto del Ejecutivo deberá pasar el filtro de constitucional. Después de ser calificado, el Mandatario puede emitir el decreto ejecutivo para convocar a elecciones.
Solo entonces, correrán los plazos para la autoridad electoral, que tendrá 15 días para convocar a las urnas y otros 60 para ejecutar la votación. Es decir, si los planes del presidente Noboa siguen su curso, los ecuatorianos podrían volver a las mesas de votación entre abril y mayo de 2024.
Sin embargo, el Gobierno tampoco está tomando en cuenta el hastío de los ecuatorianos por la cantidad de elecciones a las que han sido sometidos, además de las votaciones generales y seccionales, que son cada dos años.
Por eso, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a las figuras políticas a la “prudencia y responsabilidad” en el manejo de estas herramientas legales y democráticas.
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