A puertas de que se cierre la etapa investigativa por el asesinato de Fernando Villavicencio, 13 personas son indagadas como presuntos autores materiales del hecho. Pero no hay rastro de los autores intelectuales.
Villavicencio, candidato presidencial por el movimiento Construye, fue asesinado el 9 de agosto de 2023, en Quito, a la salida de mitin de su campaña, a pocos días de las votaciones del 20 de agosto.
Esa misma noche, seis personas fueron detenidas en dos barrios del sur de la capital. Se inició la investigación que duraría 30 días. Sin embargo, el 8 de agosto de 2023, otras siete personas fueron vinculadas al caso y la instrucción fiscal se amplió 30 días más.
Ese plazo concluirá el 7 de octubre de 2023. Ese momento, la Fiscalía deberá pedir el cierre de esta etapa y que se fije día y hora para la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en la que presentará su acusación y el juez del caso decidirá si los procesados van a juicio.
Durante los casi 60 días de instrucción fiscal, la Fiscalía ha recabado decenas de testimonios. Fueron entrevistados familiares, coidearios, adversarios políticos, policías a cargo de la seguridad de Villavicencio, entre otros.
Además, se han revisado los datos, llamadas, mensajes y contactos de unos 30 teléfonos, tabletas y relojes inteligentes. Uno de estos tenía un número originario de Chicago, en Estados Unidos.
También se revisaron las casas de los detenidos. Así como de varios de los uniformados que estaban a cargo de la seguridad del político.
Pero, todavía no hay pistas de quienes ordenaron el asesinato de Villavicencio.
O, al menos, la Fiscalía no las ha hecho públicas. Tampoco los 13 procesados han querido hablar. PRIMICIAS conoció que los 13 se acogieron a su derecho al silencio.
Teléfonos serán investigados
Uno de los últimos impulsos fiscales para solicitar pericias en la instrucción fiscal se emitió el 3 de octubre de 2023. Luego de que fueron citados para rendir versión, amigos y coidearios de Villavicencio también deberán entregar sus teléfonos para que los datos sean extraídos por Criminalística.
Esta diligencia se hará por pedido de una de las hijas de Villavicencio, que es parte acusadora en el caso por asesinato. En total son 25 personas las que tienen hasta el 5 de octubre para entregar sus teléfonos.
Entre estas están:
Además, el pedido de la hija de Villavicencio incluye la toma de versiones a Juan Zapata, ministro del Interior, y Fausto Salinas, comandante de la Policía.
La incursión de EE.UU.
El 28 de septiembre de 2023, a pocos días de que concluya la investigación, Estados Unidos apareció en la escena. Antony Blinken, secretario de Estado de ese país, ofreció dos recompensas para quienes aporten información relevante sobre el caso.
La primera de USD 5 millones por información que conduzca al arresto o condena de los, todavía desconocidos, co-conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato.
Y otra de USD 1 millón por información que conduzca a la identificación y localización de cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio.
Esta acción forma parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (Tocrp, por sus siglas en inglés), que Estados Unidos tiene vigente desde 2013.
El programa otorga al Secretario de Estado la autoridad para ofrecer recompensas de hasta USD 25 millones por información que ayude a reducir la delincuencia organizada transnacional, más allá del narcotráfico. En el caso de Villavicencio, la información debe ser entregada al correo electrónico [email protected]. O, dentro del país, por teléfono a la Unidad de Tarea Conjunta – Plan de Recompensas de Ecuador, a la línea 131.
Fausto Salinas, comandante de la Policía ecuatoriana, anunció que en los próximos días, el presidente Guillermo Lasso presentará oficialmente el Plan de Recompensas Ecuador. Aclaró que el de Villavicencio será el primer caso.
Pero la recompensa no es la única parte del caso Villavicencio en la que aparece Estados Unidos. El 15 de septiembre de 2023, Diego Vallejo, exasesor de Inteligencia del correísmo y hoy asilado en Estados Unidos, pidió a la Fiscalía rendir su versión en el caso por asesinato.
Vallejo aseguró que tiene una llamada telefónica de personas vinculadas a José Serrano, exministro del Interior del correísmo, quienes habrían estado haciendo seguimientos ilegales a Villavicencio, antes del crimen.
La versión de Vallejo debía ser tomada el 22 de septiembre de 2023, desde el Consulado de Ecuador en Miami. Sin embargo, se canceló, ya que ese día el exfuncionario y exmilitar se habría reunido con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para entregar esta información.
Todavía no se conoce si la versión de Vallejo fue reagendada para antes del cierre de la instrucción fiscal. O si esta información será manejada únicamente por las autoridades estadounidenses en medio de la iniciativa del Tocrp.
El caso Villavicencio
La Fiscalía ha manejado con hermetismo el expediente del caso Villavicencio. Los únicos detalles a los que se ha podido acceder son los que están disponibles en el sistema público del Consejo de la Judicatura.
Aunque, en los últimos días ha habido pocos movimientos. El 13 de septiembre de 2023, Carlos Angulo Lara, uno de los procesados que al momento del crimen estaba detenido en la Cárcel de El Inca, apeló la orden de prisión preventiva en su contra.
Además, la justicia autorizó la obtención de muestras de fluidos corporales (sangre) de los procesados:
El objetivo de la pericia es obtener muestras de ADN de estos procesados y compararlos con los indicios recogidos durante la investigación, con el fin de determinar la posible autoría en el asesinato.
También la Fiscalía pidió autorización para abrir, exhibir, examinar, extraer, analizar y materializar la información de cinco teléfonos celulares. El 21 de septiembre se sumaron un reloj inteligente y tres tablets. El 28 de septiembre un celular adicional.
Esta nota se publicó originalmente a las 05:56 del 4 de octubre de 2023 y se actualizó a las 12:35 del mismo día con el pedido de la Fiscalía de revisar teléfonos de 25 personas.
Con información de Primicias
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