Hay algunos problemas de verdadera urgencia económica del país, y que entrañan riesgos monumentales para la sostenibilidad de la economía y en ellos los programas se cuidan de pronunciarse o de ser específicos, pues están estructurados para ganar votos y no para perder capital político. El período para el que se eligen los nuevos mandatarios es de transición.
En este período se volverá insostenible la situación fiscal por múltiples factores, entre los cuales se cuenta un subsidio universal a los combustibles que en 2022 llegó a $4.560,1 millones, más del doble frente al año anterior, y que va en contracorriente de la mitigación del cambio climático y del cuidado ambiental que se promulga en los programas. Una posible decisión mayoritaria de SI dejar bajo tierra y sin explotación los recursos petroleros del campo Yasuní ITT, pondría reversa a una inversión realizada hace 10 años y en plena producción, agravaría la situación fiscal por un monto cercano a los $1.100 millones por año que se dejarían de percibir.
Aunque las propuestas mencionan un deterioro de la caja fiscal, no ven su profundidad y menos aún plantean mecanismos para enfrentar esa crisis que les tocaría administrar en su eventual período de gobierno. La situación se deja ver en algunas cifras: un déficit acumulado de $1.400 millones para el primer semestre de 2023 frente a un superávit de $300 millones en igual período de 2022, lo cual hace pensar que al cierre de este año el déficit podría estar alrededor de un 4% del PIB, de acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal. No es real esperar un déficit de 2% del PIB en 2023 como lo promulga el MEF, porque se revirtió parcialmente la reforma tributaria de 2021, hay menores ingresos petroleros en volumen y en precios, mayor gasto corriente por la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) y por un mayor número de policías. Con el déficit fiscal creciente y la deuda acumulada por pagar, los requerimientos de financiamiento del año 2024 bordean los $10.000 millones de acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal.
El pago total de la de deuda pública interna y externa en 2024 será de $7.542 millones en amortizaciones e intereses; de $8.374 millones en 2025 y de $9.619 millones en 2026. También se deben pagar los intereses de los bonos reestructurados: $1.025 millones hasta el 2026. ¿Con qué recursos se enfrentarán estos compromisos? ¿Cómo gestionar estos pagos? Es un tema complejo que debería ser parte de un acuerdo nacional de sostenibilidad económica de corto y mediano plazos, ya que el país requiere financiamiento para continuar operando. El sistema de jubilaciones está al borde de la quiebra, pues arranca con un déficit de caja de $2.200 millones, que para 2025 alcanzará los $3.200 millones y podría llegar a financiarse con la liquidación del patrimonio del fondo de pensiones, que alcanza los $7.000 millones. Esta insolvencia actuarial se profundizará si persisten las condiciones actuales de funcionamiento y no se toman decisiones (Fuente: Portal noticias.usfq.edu.ec 7/24/2023, School of Economics).
Se está estrechando la liquidez en el mercado debido a menores precios del petróleo, y a la caída en las retenciones del impuesto a la renta por la aprobación de la reforma tributaria llamada “Ley para el Fortalecimiento para la Economía Familiar”, el pasado 20 de junio. Los bancos ya compiten entre sí por liquidez, como se observa en la subida de las tasas pasivas, pero al reducirse la liquidez también hay competencia entre los sectores financieros público y privado. Dado que a partir de enero 2024, el impuesto a la salida de divisas ISD bajará a 2%, se tiene un factor adicional para un diciembre 2023 menos líquido para operar al interior del país. Si queda prohibido explotar el Yasuní, se contará con menor flujo de ingreso de dólares en un país dolarizado.
Las reservas internacionales se han erosionado en este año por la desaceleración de las exportaciones, la crisis global y un menor acceso al crédito y constituyen los activos con los cuales el Banco Central del Ecuador le hace frente a los depósitos de terceros en la institución. Tras un nivel de $9.353 millones en enero, se esperaría que bajen a unos $6.000 millones a fin de año. ¿Qué harán para preservarlas? Algunos candidatos, como Luisa González, Yaku y Javier Hervas, han anunciado que utilizarán estos recursos para gasto fiscal, lo cual debilitaría la credibilidad de la permanencia de la dolarización.
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