En el país ya rige el Reglamento para el Uso Legítimo de la Fuerza. Lo confirmó el Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, quien suscribió el Reglamento a la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza.
Este instrumento legal es el resultado de un trabajo técnico, coordinado entre el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, SNAI, y Secretaria Jurídica de la Presidencia.
En el documento se realizan varias aclaraciones “confusas” de la Ley. Además se profundizan aspectos relevantes para la actuación de policías, militares y guías penitenciarios. Entre ellos están:
1)Permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación. Los servidores de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que han completado y aprobado los estudios de formación correspondientes están autorizados y habilitados para la tenencia, uso y porte del equipamiento para el cumplimiento de su misión institucional.
2)Materialización del acto ilícito. Se entenderá como materialización del acto ilícito a la amenaza o peligro inminente, resistencia violenta o acciones conducentes a agredir de cualquier forma, a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria o a terceras personas. Esto permitirá una intervención oportuna y eficaz de las fuerzas del orden.
3)Legitimidad del uso de la fuerza. Los servidores de estas entidades que, en cumplimiento en su misión constitucional y deber legal, causen lesión, daño o muerte a otra persona, no serán aprehendidos; ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales, mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine que existió uso legítimo e arbitrario de la fuerza, la detención de un servidor en estos casos podrá efectuarse excepcionalmente cuando el juzgador la ordene por pedido del fiscal, luego de una investigación y en el marco del debido proceso.
4)Fuerzas Armadas en centros de privación de libertad. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la Ley, planificará y ejecutará operaciones de control de armas, municiones, explosivos y accesorios, en las áreas de influencia, inmediaciones y al interior de los centros de privación de libertad a escala nacional, en cualquier momento y cumpliendo los protocolos establecidos para el efecto.
En el evento, que se realizó en el sector de La Recoleta, sur de Quito, Wagner Bravo, secretario de Seguridad, explicó que el año pasado se publicó la ley orgánica que regula uso legítimo de la fuerza y señala cómo se emplearán las fuerzas del orden. “La ley que fue publicada tiene como fin que todos tengamos el conocimiento pleno de los elementos para mantener la paz. Este reglamento tiene un enfoque en la aplicación del uso de la fuerza ante riesgos y amenazas. Es por eso que las Fuerzas Armadas, Policía y servicio penitenciario observarán el uso de la ley”.
Además, comentó que el sistema de seguridad pública tiene un enfoque integral que nos compromete a todos a actuar en favor de la sociedad. “Nuestro mensaje a la ciudadanía es que conozcan esta ley pública y analicen el contenido del reglamento para mejorar la convivencia pacífica”.
El presidente Guillermo Lasso también se refirió al tema. Dijo que con este reglamento se evitará “el absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente dispare”. Y mencionó que “la normativa respalda la actuación de jueces y fiscales para que ningún uniformado sea procesado por hacer su trabajo y, de ser el caso, se defienda en libertad, sin perder su trabajo“.
Otras acciones en el marco de garantizar la seguridad
El presidente Lasso además recordó que se han tomado varias decisiones en materia de seguridad. El 27 de abril de 2023, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró al terrorismo como amenaza del Estado. Mientras que el 3 de mayo, dispuso mediante decreto que se ejecuten operaciones militares en territorio nacional. “Todo el país apoya el trabajo de nuestros policías y militares y aplaude su accionar cuando desmantelan estructuras criminales, capturan delincuentes o incautan toneladas de droga”.
Adicionalmente, mencionó que la Policía y las Fuerzas Armadas, sin necesidad de un estado de emergencia, estarán en las calles para proteger a la población. Esto, tras la finalización del estado de emergencia en cinco localidades: Guayaquil, Durán, Samborondón, Los Ríos y Santa Elena.
El Gobierno además avanza en el objetivo de incorporar 30.000 policías para completar los 80.000 que el país requiere y continúa trabajando para dotar a las fuerzas del orden de más armas, municiones, vehículos y otros equipos.
El Ministro del Interior, Juan Zapata, también anunció que se prevé que la próxima semana se afinen detalles para suscribir un convenio con la Corte Nacional de Justicia para que las armas que han sido incautadas pasen a ser usadas por la Policía.
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