La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, ha ordenado la libertad del asambleísta de Pachakutik por Cotopaxi, Peter Calo, después que la Fiscal General Diana Salazar pidiera contra él prisión preventiva, tras formular cargos en su contra por la supuesta violación de una mujer de 19 años.
Calo deberá llevar un grillete electrónico, debe presentarse periódicamente ante el juez y tiene prohibición de salir del país. Mantiene su posición de legislador e incluso podrá votar en el juicio político que se sigue en contra del Presidente Guillermo Lasso.
La jueza ha ordenado también retener US$400 mil dólares de Calo. La Fiscalía ha anunciado que apelará la decisión.
Calo ha sido capturado a las 10h30 de este miércoles 26 de abril, en una habitación de una hostal ubicada en la avenida Gran Colombia, cerca de la Asamblea Nacional, en el centro norte de Quito. La mujer que dice haber sido víctima ha llamado al 911 a denunciar la violación. Ella ha declarado que el legislador la citó en ese lugar tras ofrecerle empleo.
Los agentes han trasladado a Calo hasta la Unidad de Flagrancia de La Mariscal, en donde han receptado las versiones tanto de la joven como del legislador.
Horas antes, a las 08h30, Calo, que apoya la destitución del Presidente Lasso, acompañó a Mireya Pazmiño (de su misma bancada) a la Fiscalía para poner una denuncia en contra de Lasso por presunto peculado.
De momento, la Asamblea Nacional y Pachakutik no se han pronunciado y se espera que en las próximas horas emitan un comunicado para saber qué sucederá con Calo.
Peter Calo es integrante de la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de violación en su artículo 171 y lo sanciona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Se aplicará el máximo de la pena si la víctima sufre daños y lesiones físicas y psicológicas, se enferme de gravedad, cuando el agresor sea familiar o tutor.
En febrero, la Fiscalía de Salcedo presentó cargos contra Calo y su esposa, Nelly Calo, por una presunta estafa inmobiliaria. El proceso se abrió luego que en abril de 2022, un comerciante de 24 años presentó una denuncia en su contra.
Según el denunciante, la estafa habría ocurrido en 2018, cuando Peter Calo se llamaba Diego Calo, pues se cambió el nombre para las elecciones de 2021, en las que ganó una curul en la Asamblea Nacional.
Durante las manifestaciones de junio de 2022, Calo también fue denunciado por la legisladora Gissela Molina, quien lo acusó de actos de intimidación, de dirigir grupos indígenas y enviarlos a rodear sus casas, para presionarlos y obligarlos a que voten por de la destitución del presidente Guillermo Lasso.
El movimiento Pachakutik ha informado en un comunicado emitido hacia el mediodía, que el legislador Peter Calo ha expresado hace meses el deseo de separarse del bloque, por lo que no se lo considera ya parte del mismo. También ha hecho un pedido a la Fiscalía General para que, dentro de una investigación rigurosa y del debido proceso, se aplique la ley.
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