Juicio político contra Guillermo Lasso avanza tras ser admitido por la Corte Constitucional

jueves, marzo 30, 2023

El gobierno rechazó la medida adoptada por el máximo tribunal y aseguró que “esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura. Nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno”

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El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso tuvo el visto bueno por parte de la Corte Constitucional. Con seis votos a favor, este 29 de marzo, los jueces resolvieron dar el dictamen de admisibilidad para el procedimiento que podría terminar con la censura y destitución del Primer Mandatario.

La decisión se conoció pasadas las 21:20. Luego de más de una hora de sesión de la Corte. Los seis votos a favor fueron de: Alí Lozada, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Daniela Salazar.

La resolución se basa en el segundo proyecto de dictamen preparado por Lozada y Ortiz, luego de que el informe de la jueza Teresa Nuques no tuvo el respaldo necesario.

“En el dictamen se determinó que corresponde a la Corte efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud, para garantizar el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa, y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable”, indicó la institución mediante un comunicado.

La iniciativa llegó a la Corte Constitucional luego de pasar por varios procedimientos e instancias en la Asamblea, entre ellos, por una comisión que revisó una investigación policial de supuestos nexos entre el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, con funcionarios públicos presuntamente relacionados a redes de corrupción y de narcotráfico.

El juicio político contra el mandatario ecuatoriano llegará ahora al pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde harían falta 92 votos para conseguir la censura del jefe de Estado, equivalentes a dos terceras partes de la cámara.

El gobierno de Guillermo Lasso rechazó la medida adoptada por la Corte Suprema y aseguró que “esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente”.

“El planteamiento de la Asamblea Nacional nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno. Como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores”, indicó la Secretaría General de Comunicaciones de la Presidencia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno Nacional rechaza el juicio político, respeta la decisión de la @CorteConstEcu y ratifica la inocencia del presidente @LassoGuillermo. pic.twitter.com/lZrXDS7qGR

— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 30, 2023

En junio de 2022, Lasso ya salvó una situación similar por pocos votos, cuando en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena contra la política económica del Gobierno y la carestía de la vida, la oposición planteó una moción de destitución presidencial.

El caso por el que Lasso será llevado a juicio político se conoció mediante publicaciones del portal digital La Posta, que reveló una investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, que fue archivada por recomendación judicial y de la Fiscalía ante la falta de elementos contundentes.

No obstante, la oposición tomó las revelaciones para sustentar el pedido de juicio, que llegó el fin de semana a manos de la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre si se apega al marco jurídico ecuatoriano o no.

El presidente ecuatoriano envió a su vez al ente un documento de 91 páginas de descargo para que ese tribunal deseche el pedido del Legislativo. Argumentó que no se justificaba ni probaba ninguna acusación y que la petición fue presentada fuera de plazo, así como que el expediente tampoco estaba completo, lo que no tuvo acogida.

Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, tiene a disposición una fórmula para evitar su enjuiciamiento político. Podría activar una figura constitucional de disolución del legislativo, llamada muerte cruzada, sin mayor trámite. Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de convocar elecciones.

En ese lapso podría postularse a la reelección, una opción que hasta ahora no ha planteado oficialmente y que tiene como antecedente la reciente derrota en las urnas en febrero de una consulta popular enfocada en la seguridad.